El cuerpo de Oliver y 100 más
Un empresario de 31 años, Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, fue secuestrado el 24 de mayo de 2013, en Cuautla, Morelos. Su cuerpo fue encontrado 10 días después en un barranco cerca de Los Papayos, en Ayala. En ese momento se abrieron dos carpetas de investigación ante las autoridades locales: una por desaparición, la otra, por el delito de homicidio.
Para el 24 de junio de 2013 se acreditó la identidad de la víctima mediante estudios de ADN, por lo cual fusionaron las dos carpetas y, supuestamente, se estaba dando seguimiento a la investigación.
Aunque el cuerpo de Oliver había sido identificado, con base en las pruebas de ADN que le practicaron, éste no le fue entregado a la familia cuando lo reclamó. La subprocuradora de la zona oriente, Liliana Guevara Monroy, les dijo que era necesario realizar más exámenes periciales en el cadáver. Los familiares accedieron pensando que con ello se ayudaría a esclarecer el caso y llevar ante la justicia a los responsables de secuestro y homicidio. Incluso, la madre dijo haber participado en la investigación para dar con la banda de secuestradores.
Durante meses la familia de Oliver acudió a la fiscalía para preguntar por el cuerpo del joven, y siempre le decían que lo tenían en las cámaras frigoríficas del Servicio Médico Forense (Semefo).
Fue hasta el 4 de diciembre del 2014, casi un año y medio después de que se realizó la Identificación de Oliver, y tras numerosas entrevistas de los familiares con diversas autoridades, que el fiscal de la zona oriente, José Manuel Serrano Salmerón, les informó que había sido enviado a la fosa común en un supuesto panteón de Tetelcingo, el 28 de marzo de 2014.
En esas fosas había más de 100 cadáveres, que supuestamente, se encontraban en las cámaras frigoríficas del Semefo de las tres subprocuradurías del estado.
María Concepción Hernández, madre de Oliver, logró que la Fiscalía General del Estado (FGE) exhumara el cuerpo el 9 de diciembre de 2014 y éste le fuera entregado. La familia dice que pese a la resistencia de las autoridades, estuvo presente y grabó el momento en que personal de servicios periciales desenterró casi todos los cuerpos, hasta que encontró el indicado, con el apoyo de una máquina retroexcavadora.
Su tía grabó videos de cómo los trabajadores sacaron 150 bolsas con cuerpos, algunos todavía con números de sus carpetas de investigación (como el de su sobrino) y otros sin dato alguno, por lo que exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie una investigación.
Desde entonces los familiares han luchado para que la FGE informe por qué enterraron el cuerpo, cuando ellos lo reclamaban y había sido identificado, y por qué utiliza dos fosas clandestinas para deshacerse de restos cuando hay miles de familias buscando parientes desaparecidos en el país.
En los primeros días de noviembre, fue publicado, por la agencia de noticias Apro, un video de la exhumación de Oliver Navarrete, por lo que días después, la Fiscalía General de Justicia (FGJ), anunció que pondría a disposición del público las carpetas de investigación y expedientes de los cuerpos que aparecieron en dicho video.
La Fiscalía también informó que en la fosa fueron inhumados 105 cadáveres en marzo de 2014 y no los 150 de los que hablan algunos testigos, y que posteriormente quedaron 103, pues el de Oliver fue entregado en diciembre de 2014, después de su exhumación, así como el de otra persona.
La Fiscalía negó que las fosas fueran ilegales y aclaró que de los 103 cuerpos restantes que se encuentran inhumados en la fosa que llama “comunal”, cada uno cuenta con el respaldo de una carpeta de investigación en la que se precisan datos como causas de muerte, edad, sexo, así como la muestra de genética y dactiloscópica entre otros, mismos que son compartidos con instancias de justicia de todo el país.
Esta semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación sobre el caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y los más de 100 cuerpos encontrados en dos fosas clandestinas en un predio en la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, instruyó a personal de esta comisión, encabezada por el segundo visitador general, Enrique Guadarrama López, para que se trasladara a la mayor brevedad al lugar. Mandó oficios para que se otorguen medidas cautelares que permitan garantizar la vida e integridad física de las señoras María Concepción Hernández Fernández y Amalia Alejandra Hernández Fernández, madre y tía de Oliver, respectivamente; quienes, se dice, han recibido amenazas desde que decidieron denunciar las irregularidades de este caso.
Ya que la investigación que inicia la CNDH deriva de la queja promovida por María Concepción Hernández Hernández, el 4 de marzo de 2015, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CEDHM), por la posible violación a los derechos fundamentales de la víctima e irregular integración de la carpeta de investigación por el asesinato de su hijo, Oliver Wenceslao Navarrete.
Son muchas las preguntas sin respuesta. Ésta es una investigación muy seria que se debe llevar a cabo aún olvidarnos que la fosa donde se encontró el cuerpo de Oliver está a un par de horas en automóvil de municipios como Iguala, Cocula, Chilapa, Zumpango, y Quechultenango, entre otros municipios de Guerrero donde se tiene registro de más de 500 personas desaparecidas en fosas clandestinas.
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