La familia enfrentando a la justicia
Hay un dicho famoso que dice: síganle la pista al dinero y darán con los responsables. Ahora ese dicho rezará: síganle la pista al dinero, a los familiares y a los amigos y descubrirán los fraudes.
Hasta hace muy poco había reglas tácitas entre los narcotraficantes de no involucrar a las familias ni a los hijos en los negocios ilícitos para no exponerlos.
Así también era en el mundo político, nunca se involucraba a las esposas ni a los hijos en hechos en que pudieran verse involucrados penalmente.
Hoy eso cambió en el mundo del narcotráfico: ahí están los hijos de El Chapo Guzmán, quienes han sido perseguidos por la justicia y algunas de sus exesposas, y también lo estamos viendo de forma recurrente en casos de políticos que en desfalcos al erario también han involucrado a la familia.
Hablemos de Padrés: se ha dicho víctima de una persecución, pero la realidad es que según investigaciones de la Contraloría General de Sonora durante su administración hubo un desfalco al erario superior a 30 mil millones de pesos. En medio de las acusaciones por desfalcos, la Comisión Anticorrupción del PAN suspendió sus derechos como militante el pasado mes de octubre.
Padrés también es acusado de uso de recursos de procedencia ilícita por 8.8 millones de dólares, dinero que habría obtenido gracias a las concesiones en favor de un amigo para manufacturar uniformes escolares.
El hijo de Padrés, Guillermo, ganó notoriedad negativa a partir del 9 de abril de 2016, cuando protagonizó una tumultuosa riña en un antro de Hermosillo, Sonora, el cual fue captado en un video que se convirtió en viral en las redes sociales, pero hoy se sabe que era uno de los prestanombres del exgobernador.
Ése es el hijo que esta semana fue detenido junto con su padre. A Guillermo, además de testaferro de su papá, se le señala como uno de los dueños del rancho El Pozo Nuevo, donde el mandatario mandó a construir una presa, la cual fue obligado a derrumbar.
El otro integrante de la familia Padrés buscado por la Policía Federal Ministerial (PFM) es Miguel Padrés Elías, hermano menor del exgobernador, quien también cuenta con órdenes de aprehensión y está involucrado en al menos dos procesos penales por los delitos de lavado de dinero, evasión de impuestos y delincuencia organizada.
Otra historia: para quien dé información de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, la PGR ofrece 15 millones de pesos. Y es que Duarte está acusado de desfalcar al erario veracruzano por unos tres mil millones de pesos.
El caso es enorme porque según las investigaciones están involucradas 40 personas de su primer círculo, que sirvieron como prestanombres.
Están acusados su esposa, suegros, cuñados y amigos. Incluso, según versiones dadas a conocer en últimos días, la madre del exgobernador, Cecilia Ochoa, también podría ser llamada a declarar, pues se sospecha de su participación en el millonario desfalco del estado.
No son ni remotamente los únicos casos. Muchos de los antiguos y nuevos gobernadores tienen negocios importantes en donde están sus familiares. Éstos deben cuidarse de no sentirse impunes y de no cometer desfalcos porque en unos años también serán perseguidos.
Antes lo más sagrado era la familia. Nadie se metía con ella y mucho menos era expuesta. Ahora en bastantes casos los familiares no son sólo utilizados como prestanombres, sino también han participado en los fraudes. Y las autoridades, cuando vemos casos así a quien primero investigan es al círculo cercano.
Me parece una tragedia que un gobernante pueda desviar los recursos del pueblo, sobre todo cuando en sus estados hay tanta gente necesitada. Pero además es irreal que nunca hayan contemplado que sus familias pudieran enfrentar a la justicia.
El tema central es que algunos políticos que entran al poder se sienten impunes y que pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra. De lo contrario no me imagino que involucren a sus familiares más cercanos con todas las consecuencias que esto les puede llevar.
Nos decía el dirigente del PRI, Enrique Ochoa, que ojalá estos ejemplos sirvan para que los nuevos gobernantes sepan que las cosas no quedarán en la impunidad, y que no pueden involucrar a sus familiares, porque éstos también pueden terminar por enfrentar a la justicia.
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