El pasado mes de octubre, la ministra Lenia Batres, en su ponencia, puso sobre la mesa el tema de la exigibilidad del derecho de consulta previa a las personas con discapacidad, sin duda, una situaci\u00f3n que afecta seriamente a este sector.<\/p>\n\n\n\n
El d\u00eda de hoy se espera que organizaciones de personas con discapacidad y la sociedad civil acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) para entregar un documento respaldado con 852 firmas de personas con discapacidad y organizaciones que trabajan por sus derechos en todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfPero por qu\u00e9 las personas con discapacidad y las organizaciones civiles est\u00e1n tan preocupadas?
Les cuento: el tema de las consultas a personas con discapacidad no es un asunto menor ni un simple tr\u00e1mite burocr\u00e1tico. Es un derecho establecido en instrumentos internacionales y en la propia Constituci\u00f3n mexicana, que obliga a que cualquier ley o pol\u00edtica p\u00fablica que impacte sus derechos tenga que ser consultada previamente con ellas.<\/p>\n\n\n\n
Y esto tiene una l\u00f3gica muy clara: nadie mejor que las propias personas con discapacidad sabe qu\u00e9 funciona y qu\u00e9 no en su vida cotidiana.<\/p>\n\n\n\n
Durante a\u00f1os, muchas decisiones se han tomado desde escritorios, con buena intenci\u00f3n, pero sin conocimiento real. Un ejemplo muy sencillo lo explica perfectamente: las rampas. Un legislador puede decidir que todas las instituciones p\u00fablicas deben tener rampas de acceso y pensar que est\u00e1 haciendo algo positivo.<\/p>\n\n\n\n
Pero si esa rampa tiene una inclinaci\u00f3n incorrecta, por ejemplo, demasiado empinada,\u202fno sirve. En el papel existe el derecho, pero en la pr\u00e1ctica es in\u00fatil.<\/p>\n\n\n\n
\u00c9se es el problema de fondo de hacer leyes sin consulta: se crean soluciones que parecen correctas, pero que en la realidad no resuelven nada.<\/p>\n\n\n\n
Hasta ahora, el criterio era claro: si una ley que afecta a personas con discapacidad no fue consultada, se declaraba inconstitucional. No importaba si en apariencia era \u201cbuena\u201d. Primero se ten\u00eda que escuchar a quienes viven esa realidad.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, lo que se plantea es cambiar ese criterio. La idea es que, si una autoridad considera que la ley beneficia a las personas con discapacidad, entonces no ser\u00eda necesario consultarlas.<\/p>\n\n\n\n
Pero ah\u00ed est\u00e1 el problema de fondo: \u00bfqui\u00e9n decide qu\u00e9 es bueno para ellas sin preguntarles?<\/p>\n\n\n\n
Eso no s\u00f3lo es un error t\u00e9cnico, es una visi\u00f3n profundamente paternalista del Estado. Es volver a un modelo en el que otros deciden por ellas, sin incluirlas.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, trasladar la responsabilidad a las propias personas con discapacidad para que impugnen leyes que les afectan es completamente desproporcionado. No tienen los recursos, ni las herramientas legales, ni la capacidad para estar vigilando todas las leyes del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Lo que se est\u00e1 haciendo, en los hechos, es quitarles el derecho a ser escuchadas.<\/p>\n\n\n\n
Y eso es un retroceso grave. Es equivalente a quitarle a los pueblos ind\u00edgenas su derecho a la consulta previa.<\/p>\n\n\n\n
Porque el principio es exactamente el mismo: no se puede legislar sobre un grupo sin incluirlo.<\/p>\n\n\n\n
En medio del debate sobre posibles cambios en la SCJN respecto a la consulta a personas con discapacidad, platicamos con la periodista y activista Katia D\u2019Artigues, quien advierte que se trata de un tema de fondo que podr\u00eda afectar derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n
Katia, fundadora de la organizaci\u00f3n Yo Tambi\u00e9n. Discapacidad con todas sus letras, explica que la consulta no es opcional ni un tema menor: \u201cEs una obligaci\u00f3n constitucional consultar a las personas con discapacidad, as\u00ed como a los pueblos y comunidades ind\u00edgenas. Esto deriva de una convenci\u00f3n internacional que M\u00e9xico impuls\u00f3, gracias a Gilberto Rinc\u00f3n Gallardo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Esta obligaci\u00f3n establece que cualquier ley que afecte directamente a personas con discapacidad debe ser consultada previamente. \u201cDurante muchos a\u00f1os, las decisiones se han tomado desde un escritorio, con buena intenci\u00f3n quiz\u00e1, pero sin escuchar a quienes viven esa realidad. Y eso es precisamente lo que busca corregir la consulta\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n\n\n\n
Para ilustrarlo, Katia utiliza una analog\u00eda clara: \u201cEs como si los hombres decidieran una ley que afecta a las mujeres sin consultarlas. Nos parecer\u00eda inaceptable. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Hasta ahora, la Suprema Corte ten\u00eda un criterio muy claro. \u201cSi una ley llegaba a la Corte y no hab\u00eda sido consultada, se declaraba inconstitucional autom\u00e1ticamente. Ni siquiera se discut\u00eda el fondo\u201d, explica.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, ese criterio podr\u00eda cambiar. Y el cambio tiene nombre: Lenia Batres.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa ministra Lenia Batres es quien impulsa modificar este criterio\u201d, advierte Katia. \u201cLo que propone es que no todas las leyes se declaren inconstitucionales por falta de consulta. Es decir, que si consideran que la ley beneficia a las personas con discapacidad, entonces no se invalide, aunque nunca se haya consultado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El problema, explica, es de fondo: \u201c\u00bfC\u00f3mo vas a saber si una ley beneficia o perjudica si nunca preguntaste a quienes les afecta? Es como el huevo o la gallina: si no consultas, no puedes saber si est\u00e1 bien o mal\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la propuesta implica trasladar la carga a las propias personas con discapacidad. \u201cSe plantea que, si sienten que la ley les afecta, entonces se quejen. Pero eso es completamente desproporcionado. Las organizaciones no tienen recursos para estar vigilando todas las leyes del pa\u00eds, ni tienen acceso directo a la Suprema Corte\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Para que un caso llegue al m\u00e1ximo tribunal, se requiere la intervenci\u00f3n de instancias como la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos o un grupo de legisladores. \u201cY la realidad es que la Comisi\u00f3n no siempre act\u00faa, y las organizaciones quedan en total desventaja\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n\n\n\n
El tema gener\u00f3 una fuerte reacci\u00f3n. \u201cSe arm\u00f3 una verdadera movilizaci\u00f3n. M\u00e1s de 80 personas participaron en audiencias p\u00fablicas durante m\u00e1s de 15 horas. Fue algo hist\u00f3rico\u201d, recuerda.<\/p>\n\n\n\n
En esas audiencias incluso hubo testimonios dentro de la propia Corte. Katia menciona el caso de la ministra Loretta Ortiz, quien revel\u00f3 que tiene un implante coclear. \u201cElla explic\u00f3 lo importante que es escuchar a las personas con discapacidad antes de tomar decisiones. No es un tema abstracto, es algo que impacta directamente en la vida de la gente\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Pese a ello, el proyecto impulsado por Lenia Batres no ha avanzado. \u201cHan pasado meses y no se ha vuelto a discutir. Est\u00e1 completamente detenido. No sabemos qu\u00e9 va a pasar\u201d, dice.<\/p>\n\n\n\n
Ante esta incertidumbre, organizaciones de la sociedad civil han decidido actuar. \u201cM\u00e1s de 800 personas y organizaciones firmamos una carta que vamos a entregar en la Suprema Corte para exigir que el tema se discuta de manera abierta\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Katia insiste en que lo que est\u00e1 en juego es mucho m\u00e1s que un criterio jur\u00eddico: \u201cEs definir si las personas con discapacidad van a seguir siendo vistas como sujetos de derechos o si regresamos a un modelo donde otros deciden por ellas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Y advierte: \u201cEsto es muy grave. No se trata de un tecnicismo. Se trata de garantizar que quienes han sido hist\u00f3ricamente invisibilizados puedan ser escuchados. La consulta no es un tr\u00e1mite, es una herramienta para construir mejores leyes\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Para Katia D\u2019Artigues, el mensaje es claro: \u201cSin consulta, no hay inclusi\u00f3n real. Y sin inclusi\u00f3n, estamos tomando decisiones incompletas, injustas y, muchas veces, equivocadas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Por lo pronto, este proyecto no se ha presentado de nuevo. Parece que la ministra Batres se ha dado cuenta de que no tiene los votos para impulsar algo tan grave y que afectar\u00eda directamente a las personas con discapacidad, como lo que propone.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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