Verdad a medias
Este fin de semana se difundió un amplio estudio que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual señala que la investigación que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) es contradictoria y tiene imprecisiones. Las nuevas versiones se dieron ya que otros normalistas manifiestan haber tomado cinco camiones en vez de cuatro. El chofer del autobús explica que éste no pudo salir del municipio porque estaba dañado y por eso las autoridades afirman que había sólo cuatro.
En el informe se indica que la Policía Federal, el Ejército y la Policía Municipal tenían registros del secuestro de los camiones por parte de los normalistas. Tanto la Policía Federal como el Ejército aseguran que no tuvieron conocimiento en el momento en que se apropiaron de las unidades. En donde coinciden es que la Policía Municipal de Iguala sí sabía que los jóvenes los habían retenido.
Pero quizá lo que más preocupa de este documento es que expresa que no incineraron a los jóvenes, como se especifica en la indagatoria de la PGR.
José Torero, experto peruano en fuegos, sostiene que para incinerar un solo cuerpo se necesitan 700 kilos de madera y muchos más objetos inflamables, y que las llamas debieron haber durado por lo menos 60 horas. Lo que llama la atención es que Torero no ha realizado investigación de campo, estuvo ocho meses después de los hechos, para ver lo que realmente sucedió y su conclusión se contradice con la de otros especialistas, con los estudios periciales de la PGR y con las declaraciones de los asesinos materiales.
El estudio de la PGR, que los integrantes del GIEI denominan como la “verdad histórica”, cuenta con 386 declaraciones y casi 120 detenidos. Por medio de estas afirmaciones se supo que se había incinerado a algunos de los normalistas, no se tiene la certeza de que hayan sido todos, y que los restos fueron tirados al río Cocula.
Tiene que haber mucho de verdad en estas expresiones porque algunos restos se encontraron efectivamente en bolsas de plástico al fondo del río. Éstos se mandaron a investigar a Innsbruck, en Austria, ya que debido al grado de calcinación era difícil detectar el ADN, pero hay por lo menos un caso en que sí se pudo identificar a uno de los estudiantes.
En su momento lo expuso el padre Alejandro Solalinde, quien ha estado cerca de los familiares de los normalistas, que varios testigos le habían hablado de la pira de fuego en donde incendiaron a los muchachos.
En lo que sí concuerdan ambas investigaciones es que el caso de Ayot-zinapa está ligado a la delincuencia organizada. Se sabe que poco menos de 20 municipios de la zona han sido infiltrados por el crimen organizado y que precisamente la región donde se cometieron los asesinatos es productora de amapola.
Ese territorio se lo disputan los distintos cárteles de la droga. En este caso fueron los Guerreros Unidos contra Los Rojos.
Los normalistas no estaban involucrados con ninguno de los dos cárteles, pero sí tenían un líder que estaba metido con Los Rojos. Se sabe que los Guerreros Unidos fueron quienes se llevaron a los jóvenes en complicidad con la Policía Municipal.
El que los estudiantes hayan tomado un camión en el cual se escondía la droga sin saberlo, no es descabellado, muchos narcotraficantes ocultan las sustancias ilícitas en autobuses para trasladarlas. E Iguala es zona de producción y paso de droga.
Se tiene la certeza de que los hermanos de María de los Ángeles Pineda trabajaban para los Guerreros Unidos, al igual que ella y su marido, José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala.
Me parece muy importante que se hagan todas las investigaciones que se tengan que hacer, sobre todo en un tema tan delicado y que ha lastimado tanto a la sociedad. Pero no se pueden sacar conclusiones sin tener todos los elementos en la mano.
Una verdad a medias puede lastimar tanto a la sociedad como el sacar conclusiones apresuradas a este terrible hecho.
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