Soldados y marinos sin protección
Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, rechazó que la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior esté hecha a modo para las Fuerzas Armadas.
Y durante el marco de la conmemoración del 104 Aniversario del Día del Ejército, dijo:
“No debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas, esperamos que fortalezca al Estado mexicano, que puntualice lo que a cada quien le corresponde hacer y que rinda cuentas. Una ley que dé certeza jurídica a las autoridades pero sobre todo a la sociedad”.
El secretario demandó que los gobiernos federal, estatal y municipal se responsabilicen de rendir cuentas: “A quienes por falta de información o tergiversación señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en seguridad pública, aclaramos que las Fuerzas Armadas creen, respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad”.
Y es que muchos alegan que la Ley de Seguridad Interior sería darle paso a la militarización del país, cuando en realidad es darle un marco legal al Ejército. Son ya 13 años y en las Cámaras no se terminan de poner de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior.
La realidad es que soldados y marinos se han visto obligados a abandonar sus cuarteles ante la realidad de que en muchas partes de la República Mexicana hay una policía deficiente.
Ahora en la Cámara de Diputados nuevamente se aplazó la discusión y aprobación de la ley argumentando el rechazo de algunas de las bancadas y de organizaciones civiles.
Hagamos memoria, el tema de tener una Ley de Seguridad Interior viene desde 2004, en ese año el concepto de “seguridad nacional” fue añadido a la Constitución, durante el sexenio de Vicente Fox. Dicha adición permitió al presidente la facultad expresa de preservar la Seguridad Nacional. Este término no está definido en la Constitución y se remite a la Ley de Seguridad Nacional, en la cual se regulan las acciones para mantener la integridad del Estado.
Gracias a esta reforma del 2004, en que se ampliaron las facultades del Ejecutivo, se justificó el despliegue de las Fuerzas Militares en actividades destinadas a ser ejecutadas por la autoridad civil, sin necesidad de activar el Artículo 29 constitucional, concerniente a la suspensión de garantías.
En esos años fue precisamente cuando el narcotráfico se empezó a fortalecer y los militares empezaron a salir a las calles.
Se hizo la reforma para que pudieran combatir al crimen organizado, pero desde entonces no se ha logrado una ley que les dé seguridad a aquellos que diario arriesgan su vida.
En 2008, gracias al cabildeo de los militares, se reformó el Código de Justicia Militar para castigar con hasta 60 años a los elementos de las Fuerzas Armadas que deserten y colaboren con el crimen organizado, pero no se logró hacer una ley para darles seguridad jurídica y nuevamente quedaron en la indefensión.
En 2009 el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que define el concepto “seguridad interior”, buscando dar certidumbre a la actuación del Ejército y Armada en temas de seguridad pública.
En 2011, mandos del Ejército se reunieron con senadores y diputados de varios partidos para pedir que se aprobara dicha ley, la cual no se ha dictaminado desde entonces.
En julio de 2015, el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional del Senado, Fernando Yunes Márquez, anunciaba que para fines de ese año se discutiría una Ley de Seguridad Interior.
El 13 de septiembre de 2015, el senador panista Roberto Gil Zuarth presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Interior, aunque se sigue trabajando tampoco ha prosperado.
El 27 de octubre pasado, los diputados priistas Martha Tamayo Morales y César Camacho Quiroz presentaron una iniciativa para crear la Ley de Seguridad Interior.
El 9 de diciembre, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que soldados y marinos “están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía, y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país”.
Esta Ley de Seguridad Interior se tiene que aprobar ya. Las Fuerzas Armadas prefieren estar en los cuarteles y trabajar en apoyos a la ciudadanía, por ejemplo en casos de desastres naturales como lo habían venido haciendo. Hoy la coyuntura les exige salir a las calles y deberían de poder hacerlo con una protección jurídica.
Hay decenas de propuestas y ninguna se concreta, porque por desgracia se están anteponiendo ideologías políticas.
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