Que no nos engañen
En Iguala siguen surgiendo fosas clandestinas y cadáveres; van más de cien cuerpos hallados y hay que recordar que antes de los hechos del 26 de septiembre de 2014 ya habían sido asesinadas o desaparecidas en la zona precisamente por el enfrentamiento entre Los Rojos y Guerreros Unidos.
Tan sólo en los municipios de Ayutla, Tierra Colorada, Chilpancingo, Iguala y Cocula la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) tiene el registro de por lo menos 500 personas desaparecidas, sin contar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La cifra de los 500 desaparecidos está debidamente documentada por la UPOEG y la Ciencia Forense Ciudadana (CFC) y se trata de casos denunciados entre 2013 y 2014.
Los asesinatos y las desapariciones en los municipios de Chilapa, Zumpango y Quechultenango, donde hay fuerte pugna de grupos delictivos —tan sólo en Chilapa desaparecieron 16 personas en mayo de este año—, no están contemplados en las cifras anteriores.
A partir de la búsqueda de los normalistas la UPOEG convocó a los familiares a proporcionar datos para ayudar a retomar la investigación de víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron a ocurrir por la pugna entre grupos del crimen organizado como Los Rojos, Los Ardillos y Guerreros Unidos.
En coordinación con Ciencia Forense Ciudadana la UPOEG ha donado 500 muestras de ADN de familiares de desaparecidos para compararlas con los restos localizados en fosas de Iguala.
La desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 dio el valor a cientos de otras familias, que también tenían familiares desaparecidos, para salir a la luz pública, algunos por primera vez, a denunciar los crímenes.
Ellos comenzaron a llamarse “Los otros desaparecidos”.
Hay muchas razones para las desapariciones: el reclutamiento para llenar las filas de un cártel de las drogas con hombres jóvenes. Atacar a competidores. Obtener dinero de rescates o castigar a alguien por no haber pagado una extorsión. Como sea, las desapariciones siembran miedo, que había mantenido en silencio a las familias.
Muchos argumentan que la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa nada ha tenido que ver con el narcotráfico. La realidad es que si bien la mayoría de los jóvenes desaparecidos no tenía ni idea de a dónde iba esa terrible noche del 26 de septiembre del 2014, y ellos en lo personal no tenían que ver con el crimen organizado, su director y algunos líderes sí.
Apenas el 4 de noviembre pasado, después de 13 meses de la desaparición de los 43 normalistas, José Luis Hernández Rivera, director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fue llamado a declarar a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México. Al salir fue cuestionado por los reporteros:
“Me preguntaron sobre mi estancia de ese día en la escuela y yo les expliqué que todo el personal docente y administrativo de la escuela salimos a las tres de la tarde ese día y que fue muy temprano al día siguiente cuando nos avisaron los papás de los muchachos que había un cuerpo en el Semefo y que fuéramos para recuperarlo”.
—¿Usted va a traer pruebas de que no está relacionado con Los Rojos?
“Yo ya expresé todo eso públicamente y hay pruebas y evidencias de parte de los expertos de que el crimen organizado no está relacionado con nosotros en la normal”, respondió.
En declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos; Felipe Rodríguez Salgado, El Terco, jefe de sicarios, y Jonathan Osorio Cortés, El Jona, sicario del citado grupo, dijeron que Hernández Rivera recibía 300 mil dólares de Los Rojos para permitir la infiltración de integrantes de ese grupo entre los normalistas y así poder entrar a los municipios de Chilpancingo e Iguala, donde los Guerreros Unidos dominaban.
Esta semana hay más pruebas. En grabaciones divulgadas por el periodista Carlos Marín se escucha que antes y después de los hechos de Iguala del 26 de septiembre del año pasado grupos criminales como Los Ardillos y Guerreros Unidos (aliados en amplias zonas de Morelos y Guerrero) intentaron secuestrar a estudiantes de Ayotzinapa a los que identificaban como integrantes del cártel rival de Los Rojos.
Esa rivalidad es la que está en el corazón de la muerte de los jóvenes de Iguala y la que el propio subsecretario Roberto Campa reconoció que no se ahondó en ella en las investigaciones por razones políticas.
Pero las grabaciones divulgadas muestran que esa relación de la normal con el cártel existe y podría ser más profunda de lo que muchos quieren hacernos creer.
Ahora lo que corresponde es no sólo investigar a los 43 muchachos de Ayotzinapa, sino a todas esas víctimas que hoy están desaparecidas y por supuesto se tiene que controlar el narcotráfico que opera en toda esa zona.
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