Políticos y cantantes sin visas
Estados Unidos tiene el derecho de revocar una visa o una tarjeta de residencia si lo estima pertinente.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS en inglés), la revocación de visas para turistas y de tarjetas verdes o green cards, se puede dar cuando a quien le fue emitida incurre en una falta de seguridad migratoria en el país.
“Las tarjetas verdes y las visas serán revocadas si un extranjero infringe la ley, apoya el terrorismo, excede el tiempo de visita permitido, realiza un trabajo ilegal o cualquier otra cosa que viole los términos en los que le otorgamos este privilegio o comprometa la seguridad de nuestros compatriotas estadounidenses”, dice el documento de USCIS.
Ahora han tomado la decisión de revocar la visa de Estados Unidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Alberto Torres.
Según la gobernadora y su esposo, la revocación de su visa de turista se trató de un trámite administrativo relacionado con su posición de funcionarios públicos.
A través de redes sociales, los políticos mexicanos aseguran que la medida consular adoptada por autoridades de Estados Unidos, quienes les notificaron la anulación de su visa de no inmigrante, es una decisión vinculada a disposiciones internas del Departamento de Estado.
Según lo que se sabe, ambos están siendo investigados por delitos graves.
Carlos Alberto Torres, funcionario de Baja California y esposo de la gobernadora, aseguró que ha establecido contacto con un especialista en derecho migratorio internacional, con la finalidad de presentar una moción para reabrir o reconsiderar la decisión.
Las acusaciones contra ellos son muy delicadas, y mientras Torres y Marina del Pilar aseguran que buscarán asesoría legal para recuperar sus visas, lo cierto es que no solamente son las autoridades migratorias las que los investigan, también las autoridades financieras, entre ellas Bank of America, que les pidió cerrar sus cuentas en esa institución.
Recordemos que pocas semanas antes de asumir el cargo como gobernadora, Marina fue a Estados Unidos a tener a sus hijos, ambos ciudadanos estadounidenses, y regresando a México, cuando presentó a su bebé en las redes sociales, lo hizo junto a un cuadro de Andrés Manuel López Obrador, diciéndole al recién nacido que era el mejor Presidente de México.
Me imagino que la decisión de la gobernadora de tener a sus hijos en Estados Unidos, para que obtuvieran la ciudadanía, era pensando en que tuvieran mayores oportunidades que los niños nacidos en México.
Por lo pronto, esa ventana de oportunidad se ha cerrado para la gobernadora. Y mientras en Estados Unidos los investigan, aquí en México parece que siendo de Morena, por lo pronto serán protegidos.
Otros que son investigados en Estados Unidos y a quienes se les otorgan amparos aquí en México para hacer apología al narco son los miembros de Los Alegres del Barranco.
Hace unos meses el grupo musical realizó un concierto en el auditorio Telmex, de Zapopan, Jalisco, donde además de narcocorridos proyectaron videos de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que dieron vivas y porras.
Poniendo en evidencia la apología que hacen estos grupos a los líderes del narcotráfico, Estados Unidos también le revocó la visa a su país.
La Fiscalía de Jalisco tiene abiertas una serie de carpetas contra esta agrupación musical por presunta apología del delito.
Las autoridades de Jalisco investigan al conjunto musical tras proyectar imágenes del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, mientras interpretaba la canción “El del palenque” durante un concierto el 29 de marzo en un auditorio de la Universidad de Guadalajara.
Ahora, tras las presentaciones que han hecho en los primeros días de mayo, también se les abrió carpetas de investigación en Jalisco.
Pero en Michoacán, un juez federal les concedió el pasado 9 de mayo un amparo para cantar narcocorridos en el estado mexicano de Michoacán, a pesar del decreto estatal que prohíbe la difusión de música o expresiones que hagan apología del delito en espacios públicos, entrado en vigor en abril.
Con esta medida, el conjunto podrá interpretar narcorcorridos provisionalmente en ese estado sin ser sancionado, luego de que el juez federal resolvió que el decreto es violatorio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al trabajo protegidos en la Constitución mexicana. Su próxima actuación está programada para el 30 de mayo en la municipalidad de Tziritzicuaro.
Por el momento, el fallo sólo favorece al grupo que presentó la demanda. Habrá una nueva audiencia el próximo 15 de mayo para determinar si se mantiene o se revoca la suspensión temporal otorgada al conjunto musical.
Y es que el Gobierno de Michoacán puso en vigor un decreto estatal, el pasado 17 de abril, que prohíbe la interpretación y/o reproducción de música que promueva la apología del delito en eventos públicos.
Éstos son la punta del iceberg, autoridades estadounidenses aseguran que están investigando a varios cantantes y políticos mexicanos.
