Pineda Villa, a un paso de la libertad
El auto de formal prisión dictado a María de los Ángeles Pineda Villa fue revocado por un tribunal unitario con sede en el Estado de México, con el argumento de que tiene fallas en el proceso.
Aunque se dispone de evidencias contundentes de que la esposa de José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, tiene nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, durante la audiencia de la acusada la juez no permitió que se presentaran pruebas a favor de aquélla. Esto implica que hubo fallas en el proceso.
Ahora se le repondrá el proceso para que pueda presentar todo lo que a su interés convenga. Pero no quedará en libertad.
Cuando se le dictó auto de formal prisión, el juez tomó como pruebas los testimonios de muchos de los detenidos en el caso Iguala, así como las declaraciones de ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del 2009 al 2014, con las cuales se demostró que tenía depósitos en distintas cuentas por más de 14 millones de pesos, sin declarar.
Se presume que puedan ser recursos provenientes de Guerreros Unidos por brindarles protección.
Sin embargo, han sido muchos los casos en México en los cuales la justicia ha dejado en libertad a personas a quienes antes se les han comprobado delitos, en lugar de reponer sus respectivos procesos.
Está el célebre caso de Florence Cassez, a quien se le comprobó el delito de secuestro y fue sentenciada a 60 años de prisión.
En enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó un amparo y con él la liberación inmediata, tras resolverse que se violaron sus derechos fundamentales en el proceso que condujo a su condena.
Aquí no importaron las imputaciones directas de las víctimas, ni otras pruebas. Cassez no fue absuelta del delito de secuestro, quedó en libertad precisamente por fallas en el proceso.
Rafael Caro Quintero también fue liberado por fallas en su proceso en agosto de 2013, aunque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito resolvió en enero de este año declararlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado en agravio de Enrique Camarena Salazar y Alfredo Zavala, el primero era agente de la DEA. Pese a que se ordenó su reaprehensión, el famoso criminal sigue suelto.
En septiembre de 2014, un tribunal mexicano dictó una sentencia absolutoria a Martín Beltrán Coronel, sobrino del extinto capo Ignacio Nacho Coronel, por violación al principio de presunción de inocencia y al derecho de inviolabilidad del domicilio, informó el Poder Judicial.
Tras dicha sentencia fue liberado junto con cuatro coacusados que responden a los nombres de: Jenifer Lissete Castolo Cruz o Norma Yuliana Avilés Hernández, Rita Angélica Terrazas Avilés o Rita Angélica Avilés o Miriam Lugo Velasco, Edgar Filemón Corrales Gaxiola y Juan Francisco López Coronado. Todos habían sido detenidos el 12 de mayo de 2011 durante una operación militar en Zapopan, Jalisco.
Pese a que la PGR acreditó que el activista Sandino Bucio participó el 20 de noviembre de 2014 en el enfrentamiento con policías federales en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades tuvieron que dejarlo en libertad, también por fallas en el debido proceso.
Bucio fue captado en los hechos violentos por cámaras de seguridad y reconoció haber participado en los mismos.
A la señora Pineda Villa se le repondrá el proceso para que pueda presentar todas las pruebas que requiera, sin dejarla en libertad, que es algo que los jueces y ministros deberían hacer en casos similares; esto es, cuando se tienen pruebas contundentes en contra de los detenidos.
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