Merecemos la verdad
La desaparición y la muerte de los 43 jóvenes normalistas aquella terrible noche en Iguala se ha convertido en un tema de manipulación política que cada día parece alejarse más de la realidad.
El tema está en todos lados, pero se ha perdido el verdadero objetivo, que es castigar a los culpables. Lo que para muchos importa es tomar el caso Iguala como una bandera política. Y, si no, hay que ver lo que sucedió ayer en el Senado.
Existe un punto en el que todos los estudios coinciden, desde la investigación de la PGR hasta la de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de meses de trabajo se confirmó que la desaparición de los 43 normalistas fue perpetrada por el crimen organizado cuando miembros de Guerreros Unidos pensaron que los jóvenes pertenecían a su grupo rival Los Rojos.
Iguala es un punto estratégico para el trasiego de la droga, ya que es paso obligado entre Tierra Caliente, Acapulco, Taxco, Cuernavaca y el Estado de México. En Iguala, ubicada al norte del estado, a la entrada de Tierra Caliente, operan los Guerreros Unidos y desde ahí se desplazan para trabajar en otros sitios.
Lo más grave de todo es que la desaparición de los 43 normalistas no es ni remotamente un hecho aislado. En esa zona se han detectado casi 60 fosas clandestinas con restos de personas asesinadas casi en su totalidad por el narcotráfico. Si no se resuelve el caso de estos estudiantes, tampoco se resolverá el de muchas otras muertes, ni se podrán prevenir tantas otras.
Pero, más allá de todo esto, el estudio del llamado grupo de expertos muestra muchas imprecisiones. La presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y su consejero Samuel González Ruiz dicen que ésa no es la instancia correcta para investigar el caso (es un tema que tendría que ir a las áreas especializadas de la ONU en las que participó en el pasado el propio González Ruiz) pero también que hay un conflicto de intereses que afecta el estudio elaborado por el propio grupo interdisciplinario.
Platiqué con Isabel Miranda de Wallace. Ella lo que dice es que este asunto, sabiendo que es un tema de drogas y crimen organizado, tiene que ser resuelto por la oficina de drogas de Naciones Unidas, ya que es de su competencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos depende de la OEA y estudia violaciones de derechos humanos de gobiernos federales.
También señala que hay un conflicto de intereses. El secretario ejecutivo de la CIDH es el mexicano Emilio Álvarez Icaza y en el reglamento para personal de la OEA se especifica en los puntos 101.7 y 101.4 que sus miembros no pueden hablar, pronunciarse ni participar en asuntos de su propio país. El primer visitador de Álvarez Icaza cuando fungió como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF fue Mario Patrón, quien hoy trabaja en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y ha estado en contra de la investigación realizada por la PGR, además de trabajar con los miembros de la comisión y estar muy ligado a los grupos de la normal.
Los expertos de GIEI llegaron a México porque los peritos argentinos lo sugirieron a los padres. No fue gratis, hubo un pago de un millón de dólares para financiar esa comisión que terminó por construir su informe en torno a un peritaje que duró 8 minutos físicamente en el lugar de los hechos.
Pero además, en otra imprecisión, los investigadores del GIEI consideran legalmente a los jóvenes como desaparecidos y en la PGR el delito por el cual se está juzgando a los culpables de este crimen es por secuestro y delincuencia organizada. Son dos figuras penales diferentes, siguiendo a los “expertos” todos los ahora detenidos quedarían en libertad.
El verdadero riesgo de estas versiones, en las cuales no se busca a los verdaderos culpables, sino se trata de establecer una verdad política basada en agendas particulares, es que el crimen organizado, el verdadero responsable de este crimen, termine finalmente por quedar impune.
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