La tragedia de la reforma
Estamos a 12 días de que se haga la elección judicial en México. Por primera vez en la historia se van a elegir jueces, magistrados y ministros. La realidad es que hay muy buenos perfiles, particularmente la gente que lleva años en el Poder Judicial (PJ) y que ahí han hecho sus carreras, gente que ha empezado desde abajo y conoce a fondo el sistema de justicia de nuestro país.
Pero también hay candidatos que están en las listas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, lo cual hace que muchos de estos candidatos sean puestos más políticos que otra cosa.
Un juez, un magistrado, un ministro de quien depende la libertad o prisión de una persona, dejar a un inocente preso o un culpable libre requiere de una preparación especial.
Con la forma en que se han seleccionado a los candidatos, muchos profesionales muy valiosos vieron su carrera entera desvanecerse en una tómbola y les dieron paso a personajes, entre ellos algunos que tienen nexos con el crimen organizado.
De acuerdo con organizaciones civiles, como Defensorxs, hay por lo menos 19 candidatos que están ligados al crimen organizado debido a que se trata de abogados que han defendido a jefes del narco o que tienen en su historial antecedentes criminales.
Entre los más polémicos está la candidatura de Silvia Delgado, quien aspira a ser jueza de lo penal en Chihuahua, pero que en 2016 formó parte del equipo legal que defendió a Joaquín El Chapo Guzmán.
Otro candidato controversial es Fernando Escamilla, quien busca ser juez penal. Fue detenido en 2016 por portar un arma de fuego sin licencia y, además, es señalado de conflicto de intereses porque fue abogado de Miguel Ángel Treviño, El Z-40, uno de los narcotraficantes más sanguinarios que apenas el pasado 20 de febrero fue extraditado a Estados Unidos; también representó a Eleazar Medina Rojas, El Chelelo, cabecilla de Los Zetas.
Está Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal de Michoacán, tiene acusaciones de hacer pactos con criminales y de su posible implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, en 2022.
Arturo César Morales Ramírez busca ser magistrado del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en la Ciudad de México. En 2007 fue acusado por el delito de delincuencia organizada por delitos contra la salud, cuenta con una orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar.
Jesús Humberto Padilla Briones, exdirector del departamento Jurídico del Ayuntamiento de Los Ramones, Nuevo León, es candidato a juez del Cuarto Circuito de ese estado en materia penal, pero fue detenido en 2023 por narcomenudeo de metanfetaminas y portación ilegal de armas de fuego.
Pablo Andrei Zamudio Díaz es candidato a magistrado del Primer Circuito de Ciudad de México en Materia Administrativa, pero fue detenido por extorsión el año pasado.
Y son muchos más.
Desde finales de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum instó a que, si hay aspirantes con “alguna relación delincuencial”, se denuncie, se investigue y se tomen decisiones; sin embargo, hoy esos personajes están en la boleta para la elección del próximo 1 de junio.
El propio Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, indicó que están detectadas estas alianzas con estos personajes, y pidió al INE revisar esos perfiles “porque no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”. Lo cierto es que Fernández Noroña no hizo nada cuando esos personajes fueron avalados en el Senado de México, el cual él preside.
El INE le respondió a Fernández Noroña que ése era trabajo del Senado y de los tres comités que eligieron a los candidatos, porque fue en esa etapa en la que se tuvieron que revisar a conciencia los perfiles.
Y después el propio Senado interpuso un recurso contra el acuerdo del INE, que permite anular el triunfo de los aspirantes con sentencias firmes relacionadas con violencia de género.
El INE ha dicho que va a esperar a saber quiénes son los ganadores en la elección judicial y sobre el resultado emitir las sanciones correspondientes a quienes no cumplen con el perfil, tal y como sucede con los 19 candidatos vinculados al crimen organizado o que tienen antecedentes penales.
Entre los que están implementando esta reforma están hechos bolas, ni ellos entienden cómo hacerlo, pero, además, no se sabe ni cuándo se van a tener resultados, pasarán semanas en lo que se pueden contabilizar los votos, y no se tiene garantizada la cadena de custodia de esas urnas.
El propio INE ha dicho que con los recursos que se tienen es muy difícil hacer esta elección.
Claro que era perfectible el Poder Judicial en México, pero de eso a desbaratarlo, nos va a salir muy caro a los mexicanos. Los jueces, magistrados y ministros no deberían de hacer campaña, ni ser populares, ni tendrían que deberles favores a quienes los han apoyado, porque eso sí va a hacer que el sistema de justicia se corrompa y eso es lo que está pasando en este proceso. El trabajo de quien imparte justicia debería de ser imparcial.
¿Quiénes son los que tienen estructuras partidarias para poder triunfar en esta elección? Sin duda, Morena y sus aliados y personajes del crimen organizado, que tienen recursos económicos para movilizar votantes.
Desde hace años, distintos grupos han intentado apropiarse de la estructura en el Poder Judicial para tener quien los defienda; hoy estos personajes deben de estar muy contentos y existe el altísimo riesgo de que el PJ sea cooptado.
Y estas estructuras, lo que seguramente tienen planeado hacer, es darles los números de los candidatos que les convengan. Y en este proceso, gente muy valiosa podría quedar fuera.
Hay que recordar que en esta elección no se necesita un número mínimo de participación, así que con que una persona participe, ésa será válida.
Pero, por si fuera poco, habrá un Tribunal de Disciplina para poder sancionar a cualquier juez, magistrado o ministro que no convenga a los intereses de los poderosos.
Y pasarán años para poder volver a tener un PJ independiente del Gobierno en turno.
¿Usted va a ir a votar?
