La eterna promesa
Recientemente en el Senado de la República se presentó una propuesta para poner fin al uso discrecional de los cerca de mil 500 millones de pesos que reciben los legisladores vía sus grupos parlamentarios. Se plantea utilizar una tarjeta de débito para conocer cuánto y en qué gastan los senadores el dinero que se les da y así cada uno podrá justificarlo ante su grupo parlamentario.
La idea es que mediante esa tarjeta se pueda tener un mayor control de los gastos. Puede ser positivo, pero para ello se necesitaría también que los grupos parlamentarios decidieran hacer público lo que erogan, hoy no es así. Imagínese usted: las facciones partidistas no tienen obligación de rendir cuentas del dinero que la administración central del Senado les otorga. Es una norma que ellos mismos aprobaron para que la Auditoría Superior de la Federación no pueda auditar los gastos de las bancadas. Por ello la administración central canaliza de esa forma casi todo el dinero que destina a los senadores para sus gastos, como las comisiones de trabajo, los traslados y los recursos operativos. Lo podrán usar bien o mal, mas nadie sabe cómo se emplean esos recursos. ¿Pero quién quiere justificar en qué se gasta millones de pesos? Y más aún cuando en nueve años sus ingresos han aumentado un 286 por ciento.
No se preocupe usted: el Senado ha presentado un plan de austeridad y se reducirán 100 pesos en el salario mensual de cada senador.
Ese tipo de austeridad no es sólo cosa de los senadores, es una promesa de todos los ámbitos gubernamentales y políticos.
Por ejemplo, para 2016, los partidos anunciaron que bajarán gastos. Representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) aceptaron una disminución en las prerrogativas millonarias que recibirán, las cuales ascienden a 3 mil 800 millones de pesos para los ocho partidos políticos con registro. A ver si eso se concreta en la ley en un año electoral.
Otro ejemplo: el nuevo gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha anunciado un decremento de 25% en su sueldo y el de su gabinete. Habrá que ver si es verdad y si ese ahorro se refleja también en el gasto corriente.
En el gobierno federal se recortó 221 mil millones de pesos el gasto programable contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Durante la entrega del Paquete Económico 2016 al Congreso de la Unión, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que se protegieron los recursos destinados al combate a la pobreza, programas de seguridad pública, crecimiento económico, ciencia, tecnología y cultura.
Y en Morena también hablan de austeridad. Andrés Manuel López Obrador y Martí Batres Guadarrama presumen que su partido es el único que no paga salarios a sus líderes, pero ellos aceptan que perciben 50 mil pesos mensuales, lo que representa una violación de sus estatutos, que prohíben recibir remuneraciones económicas por sus funciones en el partido. Ingresos que, además, parecen estar bastante por debajo de su nivel de vida.
Un documento del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que la nómina de Morena, en sus primeros cinco meses como partido político, ascendió a cuatro millones de pesos, con pagos mensuales que van desde los mil hasta los 50 mil pesos para sus dirigentes.
Los magistrados y los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal también tendrán un duro golpe a su economía, pues verán una reducción de… 45 pesos en sus aguinaldos, que alcanzan casi 600 mil pesos.
No me parece mal que funcionarios públicos ganen bien, siempre y cuando hagan su trabajo de una manera honrada y satisfactoria. Es cierto que muchos de los profesionistas que ocupan cargos públicos podrían merecer más en la iniciativa privada. Lo que no me parece es que el tema de la “austeridad” se utilice siempre de una manera que intenta ser políticamente correcta. Mejor mostrar que los recursos usados en cada rubro dan resultados, porque todos esos recursos provienen de nuestros impuestos.
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