La amnistía de AMLO al narco
La declaración la hizo en Guerrero, uno de los estados más azotados por la violencia en México, donde operan decenas de cárteles del narcotráfico. El estado es el principal productor de flor de amapola de donde sale la goma de opio que se convierte en heroína. Un Guerrero donde todos los días hay decenas de muertos, porque se están peleando el control del territorio por lo menos nueve bandas criminales.
Ahí López Obrador propuso ofrecerles amnistía a los capos, con tal de que se termine la violencia y así garantizar la paz en el país.
En el municipio de Quechultenango, señalado por ser el bastión de Los Ardillos, una de las bandas más violentas que operan en la entidad, AMLO puso sobre la mesa la posibilidad de un perdón a los narcotraficantes.
En entrevista, el líder de Morena criticó la estrategia de seguridad que está implementando el Gobierno federal y adelantó que si gana la Presidencia de la República el próximo año, va a explorar todas las posibilidades para que se garantice la paz y la tranquilidad en el territorio nacional.
Entre ellas, dijo, no descarta ofrecer el indulto, incluso a los líderes de las bandas criminales. “Hay que hablar con los mexicanos, con todos, y hay que plantearles que necesitamos la paz y que todos podemos ayudar a que haya paz en el país (…) Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas”, manifestó el dirigente nacional morenista.
Y lo dijo por que hay municipios de Guerrero, donde nadie quiere ser candidato de su partido. Cuando el político tabasqueño dice que dará amnistía a narcotraficantes, también tácitamente abre la oportunidad para que cualquiera que esté dentro del narcotráfico pueda buscar una candidatura de ese partido. En este momento lo que le importa es conseguir apoyos a costa de lo que sea.
López Obrador siempre ha buscado que de alguna forma el narco lo respalde o por lo menos no obstruya sus campañas. Hay que recordar por ejemplo, cómo en la de 2006 los grupos de Osiel Cárdenas lo apoyaron abiertamente, o cómo siempre López Obrador se ha opuesto a la lucha contra los grupos criminales. Para el candidato de Morena, los militares son represores y ocasionan masacres, mientras que los integrantes de los grupos criminales son parte “del pueblo”.
En estos días, en el Congreso, los legisladores de Morena se oponen abiertamente a una Ley de Seguridad Interior, al tiempo que reclaman una amnistía para los líderes del narco. Hace unos meses denunció que el Ejército cometía masacres contra el pueblo y asesinaba menores cuando en realidad, en Nayarit, donde habían ocurrido esos hechos, el enfrentamiento había sido de militares contra sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Lo cierto es que para la elección de 2018, López Obrador ha presentado el mismo programa de seguridad que en 2006 y 2012: ninguno. Una suma de frases sobre el amor y la paz donde, al final, lo único que queda es como lo ha dicho ahora explícitamente, una amnistía, una patente de corso para que el narcotráfico actúe con impunidad.
No es algo nuevo, en los 80, Rafael Caro Quintero dijo que si los legalizaban, él se comprometía a pagar la deuda externa del país. Amado Carrillo, en los 90, intentó ser legalizado prometiendo invertir sus recursos en el país. Antes de su muerte se había establecido en Argentina, invirtiendo millones de dólares y financiando la campaña electoral de Eduardo Duhalde y el excantante Palito Ortega. Hace unos años, Ismael El MayoZambada le dijo algo similar al periodista Julio Scherer. Y siempre ha habido políticos que por corrupción, por complicidad o por ignorancia, los han apoyado. López Obrador es uno de ellos.
Avanza Ley de Seguridad
Luego de estar más de un año en la congeladora, el dictamen para expedir la Ley de Seguridad Interior fue avalado en la Cámara de Diputados el 30 de noviembre, pese a la oposición de Morena, PRD, PAN y MC, que alegan que sólo pretende “militarizar al país”.
El dictamen, que ya pasó al Senado, establece que una vez que las Fuerzas Armadas intervengan en un territorio, sólo estarán por un año para después regresar a sus cuarteles. Sin embargo, se menciona que existe la posibilidad de que su permanencia se aplace.
En la Cámara alta, las bancadas del PRI y del blanquiazul aseguraron que la minuta será analizada a fondo y sin prisas.
Enrique Burgos García, senador del tricolor y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que la ley respeta a cabalidad los derechos humanos.“Estoy absolutamente cierto que hay respeto y una puntualidad en materia de derechos humanos. No se trata de que se pueda vulnerar; al contrario, es uno de los compromisos que desde 2011 van a darle un capelo a nuestra Constitución”, indicó.
En tanto, el panista Roberto Gil descartó que el ordenamiento pretenda reformar a las policías, pues su objetivo es establecer las condiciones y reglas que debe seguir el Ejecutivo federal para disponer de las Fuerzas Armadas, en auxilio de las entidades federativas.
Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que desde 2009 hasta mayo pasado, 412 mil 837 militares han acudido a diversos estados del país a realizar acciones contra la inseguridad; pero de este total 401 han muerto en estas operaciones.
