Injusticia por propia mano
Estoy acostumbrada a dar noticias y ver imágenes desgarradoras, pero la de dos hermanos quienes levantaban una encuesta sobre el consumo de tortillas, y que fueron asesinados y quemados enfrente del palacio municipal de Ajalpan, en Puebla, me superó.
José Abraham y Rey David Copado Molina hacían su trabajo para la empresa ISA, de Ricardo de la Peña. Los dos jóvenes portaban los gafetes que los identificaban; sin embargo, sin ninguna razón, la policía local los detuvo y no los llevó ante el Ministerio Público, sino a la policía municipal.
El chisme corrió entre los pobladores, que decían que los encuestadores hacían muchas preguntas y que pretendían secuestrar a una menor. La gente del pueblo entonces se reunió, los sacó de donde los resguardaba la policía local y los golpeó hasta matarlos. Luego quemó los cuerpos.
En los últimos 26 años se han dado 366 linchamientos en nuestro país. Hay un promedio de casi 14 por año. La realidad es que muchísimos inocentes han muerto en manos de gente rabiosa.
Decía Monsiváis: “matan porque odian la impunidad de violadores, ladrones y asesinos, pero sobre todo por el poderío catártico que les confiere lanzar penas de muerte… La crisis de autoridad se expresa como un rechazo, condena y castigo de ciertas formas de delincuencia, pero el rechazo implica al mismo tiempo condena y castigo a la autoridad; es decir, se lincha al mismo tiempo al delincuente y al símbolo de la autoridad.”
Y sí, mucha gente piensa que los delitos quedan impunes y exacerbada por su coraje comete homicidios, lo que también la a ellos culpable de ese ilícito. Poco se ha visto que a estos bárbaros los detengan por haber matado.
Ayer decía el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que la incorporación del mando único policial es importantísima para que la corporación municipal no quede rebasada ante hechos como el que se vivió en Ajalpan.
Casos de linchamientos recientes son muchos: en noviembre del 2004, un grupo de habitantes de San Juan Ixtayopan, Tláhuac, atacó a tres agentes de la Policía Federal Preventiva a los que señaló como secuestradores; sólo uno sobrevive.
Los agentes de la extinta Policía Federal Preventiva, Víctor Mireles Barrera, Cristóbal Bonilla y Édgar Moreno Nolasco, llegaron a la comunidad a realizar labores de investigación contra el narcomenudeo. Los pobladores aseguraron haber sorprendido a los agentes tomando fotografías a menores de edad afuera de una escuela, por lo que fueron acusados de ser secuestradores.
Los federales fueron retenidos por al menos 300 habitantes de dicha comunidad, quienes los interrogaron, golpearon, amarraron a postes de luz y quemaron vivos a dos de ellos posteriormente el agente Édgar Moreno Nolasco fue trasladado al kiosco y tras casi tres horas de iniciado el linchamiento fue rescatado con vida por judiciales, quienes llegaron al lugar y disiparon a la población con gas lacrimógeno. Más tarde, autoridades de la PFP confirmaron que los tres oficiales pertenecían a su corporación.
En junio del 2011, en la delegación Cuajimalpa, pobladores de San Lorenzo Acopilco intentaron linchar a cuatro presuntos delincuentes luego de que fueron sorprendidos robando en las inmediaciones de la zona.
En febrero del 2012, en Huitzilzingo, una localidad de Chalco, 300 vecinos lanzaron, piedras y palos y arremetieron a puñetazos contra tres jóvenes, dos de 16 años y uno de 26, sin que éstos supieran bien a bien de qué se les acusaba. Y así acabaron sus días: vejados por los golpes, desnudos y quemados vivos en la plaza de la comunidad.
En septiembre de este año, en San Juan Chamula, Chiapas, una turba linchó a dos sujetos que fueron acusados de haber robado un vehículo. Se dice que en un principio los encarcelaron; sin embargo, los ánimos se caldearon y los hombres fueron sacados por la fuerza de los separos. Amarrados de las manos los hicieron caminar por la plaza central, luego los sentaron en una silla de madera y tras reunir leña y otros utensilios les prendieron fuego.
La lista de este tipo de casos es interminable. Y es verdad: se está dando porque la gente se encuentra furiosa por la impunidad. Casi 97% de los delitos cometidos no recibe castigo.
Ésta, sin embargo, no debería ser la razón para que los miembros de la comunidades maten de esa forma.
El tema de plantear el mando único en todos los estados de la República es una muy buena medida para que las policías locales no queden rebasadas ante turbas furiosas y también para reducir el número de crímenes que no se sancionan.
No podemos volver a ver imágenes tan malditas y sobre todo que los responsables, como sucede en muchos de estos casos, queden en libertad.
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