Incertidumbre: lo más monstruoso
Se ha creado una fiscalía para atender las desapariciones en México que comenzó a trabajar, el pasado 10 de octubre, con poco más de 800 casos registrados en ella. Son demasiados, pero también son aparentemente mucho menos de los manejados en los medios, que hablan de hasta 30 mil. No debería haber ni un solo caso, aunque es una realidad que sobre todo entre bandas criminales el desaparecer cuerpos es algo más que una estrategia, una forma de venganza.
El 30% son expedientes de Iguala y tristemente no sólo hablamos de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, sino de muchos más en esa región.
En julio del 2015 documentos oficiales proporcionados por la PGR revelaron que se habían encontrado 60 fosas clandestinas tan sólo en el municipio de Iguala. Esto derivado de las investigaciones hechas por la búsqueda de los 43 normalistas. Se hallaron 129 cadáveres, 92 hombres, 23 mujeres y los 14 restantes aún se estudian para determinar el sexo.
Uno de esos cuerpos pertenecía al sacerdote John Ssenyondo, de Uganda, quien había sido reportado como desaparecido. Ha habido diversas declaraciones sobre que al padre le habían solicitado bautizar a un bebé hijo de un presunto delincuente y al negarse fue secuestrado y asesinado.
Pero si ya de por sí las muertes de Iguala son una tragedia, esta historia se ha repetido a lo largo de los últimos años en muchas partes del país.
Podemos remontarnos a 2009, por ejemplo, cuando Santiago Meza López, El Pozolero, un exalbañil, se encargó de desaparecer, según él mismo confesó, más de 300 cuerpos. Hicimos un reportaje en el lugar donde desintegraba los cadáveres; había varios barriles que este sujeto rellenaba con sosa cáustica y ahí metía los cuerpos que le eran entregados por grupos del narcotráfico para que los desapareciera y literalmente los hacía gelatina. Paradójicamente en el portón del predio había un letrero que decía “se venden gelatinas”.
En 2010 en San Fernando, Tamaulipas, elementos de la Marina localizaron los cadáveres de 72 migrantes en un rancho. La mayoría de estos hombres y mujeres era centroamericana.
Pero la fiscalía también investiga casos de años atrás; por ejemplo, el del activista y líder comunitario Rosendo Radilla Pacheco, quien fue presidente municipal y líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Rosendo participó en diversas agrupaciones para defender causas sociales y campesinas. Ya no se le vio desde el 25 de agosto de 1974, cuando un retén interceptó el autobús que lo llevaba de Atoyac a Chilpancingo. Su hijo Rosendo fue testigo del hecho. La detención fue con la excusa de que el ex alcalde componía corridos para Lucio Cabañas y por tener vínculos con Lucio y Genaro Vázquez Rojas, ambos guerrilleros en 1974.
Al comenzar esta administración se creó la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero este nuevo organismo tendrá más cercanía con las víctimas.
Es una realidad que en México tenemos varios grupos del narcotráfico en pugna por territorios y esto ha ocasionado que tristemente se contabilicen más desapariciones de las que estábamos acostumbrados a ver. Existen muchas otras no relacionadas con el crimen organizado, pero sin importar cuál haya sido el motivo de la desaparición todos los casos deberían esclarecerse. No hay nada que haga más daño a las familias de estas personas que la incertidumbre y esperemos que precisamente con esta nueva fiscalía se puedan resolver muchos de estos terribles casos.
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