En política, las coincidencias no existen
En los últimos días han coincidido, en un ambiente ya de por sí contaminado, un intento de establecer una amnistía en Michoacán, inicialmente pensada para los autodefensas que están presos, con una reaparición de este tipo de grupos en conflicto con sus ex compañeros, ahora institucionalizados vía las guardias rurales.
La discusión de la ley de amnistía para 383 autodefensas detenidos se dio en el Senado de la República. Dicen que se votará hasta el próximo periodo de sesiones, aunque no tiene demasiadas posibilidades de salir adelante.
Lo sintomático es que fue impulsada por senadores de PAN, PRD y PT, que irán juntos en varias elecciones para gobernador. Con ella buscan otorgar perdón a algunos autodefensas actualmente presos, pero podría extenderse a muchos otros detenidos, acusados de otra clase de crímenes, incluidos narcotráfico y asesinato.
La verdad es que en la política difícilmente hay coincidencias.
Ahora resulta que la amnistía coincide con el resurgimiento de las autodefensas y también se liga con la reciente ruptura de José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas también detenido, con el grupo de su ex defensora legal, Talía Vázquez.
Los allegados a Mireles aseguran que le pidieron a su abogada dejar la defensa, porque ella estaba buscando mover sus propios intereses políticos en este asunto: Vázquez, su hermana y su grupo tienen intereses fuertes con Morena y con Andrés Manuel López Obrador, pero también con casineros como los Rojas Cardona.
No es un secreto que ese grupo ha sido uno de los más radicales en Michoacán y ha, incluso, propuesto una organización de autodefensas a nivel nacional.
Este fin de semana varias carreteras en Michoacán fueron bloqueadas por grupos de autodefensas civiles —que piden acabar con los cárteles del narcotráfico y que se atrape a Servando Gómez La Tuta—, en municipios como Acuitzio, Uruapan, Apatzingán, Zamora, Cuarácaro y Ziracuarétiro.
Ocurren además en uno de los momentos más complejos de la administración del Presidente Enrique Peña. Y coinciden con las movilizaciones que hemos visto en las últimas semanas en Guerrero y el resto del país por las desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Muchas marchas son legítimas: con ellas los padres de los jóvenes y la sociedad con mucho dolor buscan hacer justicia. Pero hay muchas otras en que el pretexto han sido los estudiantes para generar movimientos desestabilizadores.
Por ejemplo, ¿qué tienen que ver los normalistas desaparecidos, con que maestros de la CETEG agredan y manden al hospital a varios policías?
Los movimientos en Michoacán, dicen, son protesta al abandono sistemático del gobierno federal, que no ha respaldado a la Fuerza Rural para cumplir con la tarea de hacer frente a los grupos criminales y no ha podido detener a La Tuta.
La realidad es que la Federación ha avanzado en seguridad en el estado. Apenas el año pasado este tema se encontraba en condiciones críticas.
Es verdad, México vive un problema serio en esa materia; pero, también es cierto que muchos grupos políticos están aprovechando esta coyuntura para crear caos en el país.
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