El regreso de Duarte a México
Poco más de tres meses pasaron para que Javier Duarte llegará a México, después de su captura en Guatemala. Ayer, un avión de la Procuraduría General de la República (PGR) voló a Guatemala, para recoger al exgobernador de Veracruz.
Duarte ingresó al Reclusorio Norte, donde se lleva a cabo la primera de dos audiencias ante el Juez de Distrito, que libró la orden de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En estos días también se determinará si Duarte permanece en el Reclusorio Norte o es trasladado a uno federal.
Únicamente por estos dos delitos, el exgobernador de Veracruz llevaría su proceso en prisión. En caso de que las autoridades no logren comprobar éstos, el exmandatario podría enfrentar su proceso en libertad. Recordemos que Duarte ya no puede ser juzgado por ningún otro delito, más que aquéllos por los cuales se otorgó la extradición.
Un asunto de extrema importancia, que no deben perder de vista las autoridades mexicanas y de Veracruz, las cuales también deberán integrar el caso, es que el instrumento internacional firmado entre México y Guatemala, establece que el gobierno guatemalteco considera que la información, pruebas y documentación proporcionada es insuficiente, siempre podrá estar solicitando información y documentación adicionales, dentro de cualquier etapa del procedimiento de extradición y presentarlas durante el juicio.
Sin embargo, hasta esta instancia, la cooperación entre ambos gobiernos resultó tan óptima, que la PGR le agradeció este lunes al gobierno guatemalteco su cooperación:
“El procedimiento de extradición del señor Duarte de Ochoa se desarrolló con pleno respeto y observancia de sus derechos humanos, velando en todo momento por el debido proceso, conforme a lo establecido en el tratado de extradición bilateral aplicable y en la ley interna de la República de Guatemala”, informó PGR.
El exgobernador es acusado de desviar 35 mil millones de pesos del erario público. De acuerdo con los delitos que se le imputan, podría pagar penas que alcanzarían hasta 40 años de prisión. Pero primero las autoridades deben probar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Lo cual no está tan sencillo.
Duarte trianguló los recursos que eran provenientes de la federación, de eso lo acusan las autoridades, sus operadores financieros y cercanos colaboradores, pero no se han presentado pruebas fehacientes de que haya sido el propio Duarte, el que haya hecho los movimientos.
Un estudio jurídico de expertos y especialistas, que hizo la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, advertía que, al llegar a México, Duarte “podría librar los cargos de que se le acusa, debido a la ineficiente actuación en el proceso”.
El documento expuso que “se le puede caer todo el caso y el expediente con el que se pretende sancionar a Duarte de Ochoa, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, por los que se libraron dos órdenes de aprehensión”.
Duarte es abogado. Pero además su defensa la lleva Marco Antonio del Toro, un reconocido jurista que lleva el caso de Elba Esther Gordillo y además lleva la defensa de el exlíder minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien enfrenta su defensa en total libertad.
El propio Duarte dijo, cuando aceptó la extradición y seguramente lo repetirá en México, que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los que está acusado, “no resisten un análisis jurídico serio y por lo tanto se ha optado por proceder a enfrentarlos”.
Y su defensa ha dicho que la acusación por delincuencia organizada presenta “vacíos legales” y “no se acredita —ni acaso se intenta probar—, la existencia de una organización supuestamente delincuencial”.
“En el caso concreto, se imputa la supuesta ilegalidad de una sola operación, vinculada a unos ejidos. Sin embargo, ese mero hecho denota la ausencia de permanencia o reiteración que el delito en cuestión supone. Si falta un elemento esencial del delito en estudio, el resultado no es ni puede ser otro más que éste NO se cometió”.
Las autoridades, tanto estatales como federales, saben que las arcas del estado están vacías y que son millones de pesos los que faltan. Ahora sólo falta probar que efectivamente Duarte se robó el dinero.
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