Desaparecer en Nayarit
33 cuerpos fueron encontrados la semana pasada en fosas comunes de Nayarit. Según los exámenes forenses, las personas encontradas habían sido asesinadas aproximadamente hace seis meses, en pleno proceso de cambio en el gobierno estatal y luego de la detención (y acusación) en Estados Unidos del fiscal Édgar Veytia.
El exfiscal General del Estado fue detenido en San Diego, California, acusado de delitos contra la salud. Desde el 2013 se rumoraba en Nayarit que estaba involucrado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y que tenía vínculos con grupos del narcotráfico.
Este hombre fue investigado por las autoridades estadounidenses por delitos cometidos en ese país. El exfiscal es ciudadano norteamericano y las autoridades de aquel país no compartieron información con las mexicanas y prefirieron esperar a que el acusado fuera a su casa en San Diego para detenerlo.
De acuerdo con la acusación CR 17 00115, Veytia está acusado de cargos de conspiración por distribuir, importar y producir heroína, cocaína, mariguana y drogas sintéticas.
Veytia fue detenido en Estados Unidos, mientras aquí, en Nayarit, era un fiscal muy poderoso. Las acusaciones indican que estaba relacionado con el citado cártel, al que dejó operar en el estado libremente. Su gente se quedó trabajando en la Fiscalía y operando de la misma manera. Es la razón por la cual todas las denuncias de desapariciones quedaron en la congeladora. Muchos ciudadanos fueron secuestrados y al no poder pagar el rescate, se les mató. Está el caso de una persona a la que asesinaron porque se pedían 30 mil pesos a cambio de su vida y la familia sólo pudo conseguir 3 mil.
Las fosas clandestinas localizadas en el municipio de Xalisco no son un hecho aislado, sino que responden a una ola criminal vivida en ese estado con mucha mayor intensidad desde mediados del año pasado.
De junio a septiembre llegaron más de 150 denuncias de desapariciones ocurridas en Tepic, Xalisco y San Blas.
En su desesperación, los familiares de los ausentes organizaron grupos en redes sociales, en los que divulgaron las identidades de los desaparecidos y pidieron ayuda a la sociedad.
Fue entonces que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindó su apoyo y se creó el Grupo de Búsqueda en Tepic, para localizar posibles fosas clandestinas.
Para el 5 de agosto de 2017, un grupo de familiares de desaparecidos acudió a la casa de gobierno para exigirle una respuesta al entonces gobernador Roberto Sandoval.
Al día siguiente, gracias a una denuncia anónima, apareció la primera fosa clandestina con siete cuerpos y la cual fue edificada en una fosa de caña entre los municipios de Tepic y Xalisco.
Semanas más tarde, Roberto Sandoval dejó la gubernatura, pero en la Fiscalía local seguían sin darle entrada oficial a las investigaciones sobre los desaparecidos.
La razón de esto, repito, es que, según investigaciones posteriores, en los crímenes estaban involucrados funcionarios de la propia Fiscalía y que se supone tenían una estrecha relación con Édgar Veytia, quien un mes después del abatimiento de Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, salió de Nayarit rumbo a Tijuana y luego a San Diego, Estados Unidos, donde fue detenido en marzo de 2017.
Hasta el 29 de septiembre de 2017, cuando el nuevo fiscal, Petronilo Díaz Ponce, tomó posesión e hizo una limpia de personal en la Fiscalía, se le dio entrada a las investigaciones de los desaparecidos en la entidad.
Fue entonces que Díaz Ponce reveló detalles del descubrimiento de más fosas clandestinas en San Blas, e informó que hasta ese momento se habían localizado a 40 víctimas, seis sin vida.
Mientras esto pasaba, las ejecuciones y enfrentamientos entre las bandas ligadas al Cártel de Sinaloa, al CJNG y a los Beltrán Leyva no cesaron: desde la etapa de las campañas políticas y hasta el cambio en la gubernatura, la violencia azotó al estado, sumando 88 homicidios dolosos en cuatro meses.
El 15 de septiembre, tres días antes de que Sandoval dejara el gobierno, hombres armados atacaron a un alto mando de la Fiscalía del estado: el comandante Francisco Salazar, señalado como uno de los que controlaban la venta de la droga en la entidad.
El sábado 13 de enero, el colectivo Familias Unidas encontró una fosa clandestina con los restos de nueve personas. El lunes 15, en dos fosas más, localizaron 24 cuerpos. De acuerdo con el dictamen de las autoridades locales, dichos cuerpos tendrían seis meses de enterrados.
El actual gobernador, Antonio Echavarría, quien ha pedido apoyo a la PGR para esclarecer las desapariciones, declaró la semana pasada que su estado vive “un proceso de reacomodo entre bandas delincuenciales (…) se debe a la disputa de la plaza, del trasiego y venta de la droga”.
Según estimaciones del Semáforo Delictivo Nacional, Nayarit ocupaba el segundo lugar en el aumento porcentual de ejecuciones, sólo por debajo de Guanajuato, y las ejecuciones crecieron en el estado 150 por ciento en el tercer trimestre de 2017, con relación al mismo periodo del año pasado, lo que representa más del doble de la media nacional.
Lo que está sucediendo en Nayarit es gravísimo. Autoridades locales están involucradas con el crimen organizado que provoca la muerte de muchísimas personas. Un caso muy similar a la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. ¿A estos delincuentes es a los que se les pretende dar amnistía?
Dolor e impunidad
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó que la Policía Federal, a través de su División Científica, se sumó a las labores para identificar los restos localizados en distintas fosas de la localidad El Pantanal, en el municipio de Xalisco.
La FGE especificó que antropólogos, odontólogos y médicos forenses analizarán los 33 cuerpos exhumados, tres de ellos mujeres, a través de los restos óseos, tejido muscular y ropa, trabajos que “permitirán establecer los perfiles biológicos, sexo, edad y estatura aproximada de cada uno de los cuerpos”.
Lo primordial, señaló la FGE, es que la investigación forense dé certeza a las familias de desaparecidos en Nayarit sobre la validez de esta identificación, y que las autoridades locales sepan cómo ocurrieron estos multihomicidios que se descubrieron durante las jornadas de búsqueda del Colectivo Familias Unidas.
La Fiscalía actualmente tiene un registro de 173 denuncias de personas desaparecidas; 94 están sin localizar, 63 fueron localizadas con vida y 16 fallecidas.
Según estimaciones de las autoridades, las personas cuyos restos fueron encontrados en estas fosas fallecieron hace seis meses; es decir, luego de la detención del exfiscal estatal Édgar Veytia en Estados Unidos.
La semana pasada un juez de federal de Nueva York aplazó para el próximo 27 de febrero la audiencia del caso, en la que el exfuncionario enfrenta tres cargos por tráfico de drogas.
