De victimario a víctima
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) contaba con un fondo de 1,028.2 millones de pesos para distribuir como medida de ayuda inmediata a víctimas y compensación como parte de la reparación del daño. Estos recursos económicos están destinados a quienes sufren un delito, pero por alguna razón únicamente se gastaron 33 millones de pesos, es decir el 3 por ciento.
La ayuda inmediata es para brindar por ejemplo servicios de emergencia médica, gastos funerarios, alojamiento, alimentación, transporte, protección y asesoría jurídica.
Ejerciendo únicamente el 3 por ciento de ese dinero la CEAV ganó intereses por 24.7 millones de pesos. Sobre este tema platicamos esta semana con Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.
“Una cosa son víctimas del delito y otra son víctimas del sistema, es decir, aquellas que son violados sus derechos humanos, ya sea por tortura, tratos crueles e inhumanos. Pero los primeros a los que les violan sus derechos son las víctimas del delito y todo el sistema se dispara a partir de una víctima del delito, es decir, el sistema de procuración, administración y el propio sistema penitenciario y el sistema judicial todo arranca a partir de la averiguación previa de una víctima.
“Es importante que tengamos, por ejemplo, un abogado victimal, como sucede con los imputados. Hoy en día, si un imputado no tiene un abogado, se hace reposición de procedimiento”, expresó.
Paradójicamente los delincuentes sí tienen derecho a un abogado de oficio. Si la víctima requiere de asesoría legal, la debe pagar. De los pocos recursos entregados a las víctimas, me decía Isabel Miranda que parte de ese dinero se dio a secuestradores que dijeron ser víctimas.
“Se han pagado 33 millones de todo este dineral, pero entre ellos hubo, por ejemplo, cinco millones de pesos destinados a secuestradores en Baja California que detuvo el Ejército en flagrancia con un señor de 67 años al cual le habían amputado un dedo. Les encontraron más de mil cartuchos y siete armas largas y, bueno, la ONU emite una recomendación por supuesta tortura; los indemnizan con cinco millones pero además, no son procesados, es decir, los dejan en libertad. Ellos (los secuestradores) presentan su queja en la Comisión de Derechos Humanos, pero finalmente quien hace la recomendación es la ONU y, bueno, lo aberrante del caso es que vengan y nos digan: ‘tú ignora lo que pasa con un secuestrador que haya mutilado y haya privado de la libertad a alguien, lo tienes que dejar libre; es decir, le dan más peso…’”
No hay prácticamente víctimas del delito con reparación del daño, ¿por qué no llegan las verdaderas víctimas a ser indemnizadas por los delitos que sufrieron? Preguntamos a Miranda de Wallace y respondió:
“Víctimas del delito prácticamente no tenemos porque la ley establece que para que te puedan compensar, indemnizar debes tener una sentencia definitiva. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 10 años buscando justicia y no tengo una sentencia definitiva para todos los secuestradores.
“Las madres que se quedan con hijos no tienen forma de probar que su familiar ya no está; bueno, esas madres necesitan el dinero hoy, porque hoy tienen hijos que mantener y hoy tienen hijos que mandar a la escuela y no dentro de 10 o 15 años que probablemente se valgan por sí mismos”. Le preguntamos a la presidenta de Alto al Secuestro: ¿Cómo tendría que funcionar esa ley?, ¿cuál sería el mundo ideal para que funcionara la Ley de Atención a Víctimas?
“Lo primero es hacer una comisión que realmente sea ejecutiva; es decir, que sea unipersonal y que esté un comité que sea solamente honorífico, que no cobre. El que quiera realmente dar su servicio para poder ayudar a víctimas que lo dé de manera gratuita y no esos sueldos que hoy estamos pagando, repito, que es una gran burocracia. Por otro lado, no debería existir este inventario como tal, el simple hecho de que tú te presentes con una averiguación previa y la prueba de que denunciaste un secuestro y te dé un certificado el Ministerio Público que está siendo investigado, debería ser suficiente, primero, para las ayudas y en un lapso a lo mejor de seis meses, ocho meses, tener ya tu compensación”.
Únicamente hay 29 abogados para atender a todas las víctimas a nivel nacional. En una hipotética reforma a la ley y en una hipotética nueva comisión, quizás, un punto central sería apoyar todo un sistema —que puede ir de la mano ahora con el Nuevo Sistema de Justicia Penal— para que, de la misma forma, cualquier delincuente tenga derecho a contar con un abogado de oficio que lo defienda y cualquier víctima pueda tener derecho a tener una suerte de abogado de oficio, un abogado victimal que le ayude en su caso, que, hoy, no lo tiene.
No puede ser que los más beneficiados en la mayoría de los casos sean los propios delincuentes en vez de las víctimas.
Me tomaré unas vacaciones, les deseo una muy feliz Navidad y un 2016 en que se cumplan todos sus objetivos. Regreso a este espacio el lunes 4 de enero.
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