Corrupción rampante
El próximo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia el 2 de enero con un nuevo o nueva presidente al frente, quien tendrá, además de muchas labores, un gran reto: limpiar el Poder Judicial, que también sufre los estragos de la corrupción.
El sistema judicial tiene que ser verdaderamente transparente e impoluto, porque es ahí donde está depositada la confianza de los ciudadanos para resolver sus conflictos.
En cuanto se defina quién presidirá la Corte, se tendrá que hacer un análisis objetivo, establecer lineamientos a seguir y revisar la conducta de los juzgadores.
Si bien es cierto que en una controversia judicial siempre habrá una parte que no salga victoriosa y que por esa razón pueda dudar de la legalidad del juzgador, aunque éste haya actuado de una manera absolutamente legal, también es cierto que ha habido casos en los que la corrupción es evidente.
Recuerde la historia de Jesús Guadalupe Luna Altamirano, acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Según el Consejo de la Judicatura Federal, éste manejó en sus cuentas bancarias cantidades inusuales y favoreció con sus dictámenes a un operador de los Beltrán Leyva, a La Reina del Pacífico y a un hijo de El Chapo Guzmán.
Además, dictó sentencias favorables a personajes como el ex presidente Luis Echeverría Álvarez y a Ricardo Miguel Cavallo, el ex militar acusado de genocidio durante la dictadura militar en Argentina y ex director del Registro Nacional de Vehículos, detenido en Cancún el 24 de agosto de 2000.
En 2012, el magistrado había sido suspendido e investigado por probables conductas vinculadas con la delincuencia organizada, pero fue hasta mucho tiempo después que fue destituido indefinidamente porque se le encontraron movimientos bancarios inusuales por casi tres millones de pesos, y otros dos millones de pesos depositados en cuentas de sus familiares, de los que no ha podido comprobar su procedencia.
Luna Altamirano estuvo bajo investigación durante todo este tiempo porque resoluciones que dictó permitieron dejar en libertad a personajes presuntamente culpables, por ejemplo a un hombre que la Procuraduría General de la República consideraba el principal lavador de dinero del cártel de los Beltrán Leyva y del cártel del Norte del Valle, de Colombia.
Cuando se iba a dictar sentencia a algún personaje importante en el mundo del narcotráfico, éstos buscaban que su asunto cayera en manos del juez Luna Altamirano. Tenía fama de que a todos los dejaba en libertad.
Así ocurrió en el 2006 con 20 personas, acusadas y condenadas en primera instancia, por operación con recursos de procedencia ilícita, que fueron detenidas en una bodega en Boca del Río cuando custodiaban tres millones 150 mil dólares.
Está otro caso: el del magistrado Rafael Zamudio Arias, quien era titular del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en Toluca. A este juzgador se le acusa de hostigar sexualmente a mujeres que estaban bajo su cargo y por movimientos bancarios sin explicación, lo cual hace suponer que incurrió en delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, según el Consejo de la Judicatura Federal.
En la evaluación del desempeño de los jueces, el Consejo de la Judicatura, integrado por representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, debe ser un órgano incorruptible (por cierto, no hay un órgano que fiscalice a los poderes Legislativo y Ejecutivo).
En esta época de cambios es propicio hacer una evaluación objetiva de todos los jueces, magistrados y funcionarios judiciales que integran uno de los tres poderes del Estado.
Y la transparencia debe ser requisito indispensable en todos los poderes, ahora que en el país estamos sufriendo una corrupción rampante.
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