Chiconautla, ejemplo de autogobierno en prisiones

El motín de más de mil 600 internos, ayer en el penal de Chiconautla, en el Estado de México, es una muestra más de cómo son los propios reclusos los que controlan la mayoría de las cárceles estatales. Hace unos días, la agencia MVT noticias dio a conocer unos videos en donde se muestra cómo un reo, El Tato, torturaba a los internos y los videogrababa, y con esas imágenes extorsionaba a los familiares.

 

Precisamente ese reo, que ejerció torturas brutales a muchos internos fue trasladado del penal de Neza Bordo al de Chiconautla. Los primeros reportes que se dieron a conocer sobre el motivo del motín fue precisamente que el pleito dentro del penal inició por órdenes de un sujeto apodado Mamá, contra gente de El Tato.

Se sabe que hay policías lesionados que intentaron controlar el motín y desde afuera del penal se veían varias columnas de humo negro, ya que los presos prendieron fuego en distintas zonas.

No es un tema nuevo, que cuando hay cambios de gobernador en los distintos estados, cambian funcionarios en los penales y sin duda se rompen acuerdos. Los reos realizan motines para demostrar su fortaleza y de ahí negociar.

Uno de los mayores problemas que tenemos en los penales y en los reclusorios del país son los llamados sistemas de autogobierno. En otras palabras, en esas cárceles son los presos los que tienen el control.

Las cárceles son utilizadas como centros de operación de distintos grupos criminales que terminan propiciando hechos violentos, motines y  ajustes de cuentas.

Desde ahí se extorsiona, a veces se dirigen secuestros y en ocasiones los presos salen a delinquir de sus celdas para después resguardarse en ellas. Difícilmente la policía va a buscar a alguien que cometió un delito que se supone que está preso.

Pasó en Nuevo León y en Sinaloa, entre otros estados. Recordemos cómo se dio el motín en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, al poco tiempo de que El Bronco asumiera el gobierno.

Lo vimos clarísimo después del motín que se dio en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, que dejó un saldo de 49 muertos y 12 heridos. Las autoridades estatales tardaron horas en poder entrar al penal y en ese entonces el  propio gobernador, Jaime Rodríguez, El Bronco, declaró que de haber entrado a intentar detener la riña, la masacre hubiera sido aún peor. Y cómo iban a entrar si quienes controlaban ese penal eran los propios presos.

O cómo explicar la fuga de El Azulito, el hijo de El Azul Esparragoza y otros peligrosos narcotraficantes de una cárcel de Culiacán, en marzo pasado, si no fuera porque los mismos reos controlan el reclusorio.

Juan José Esparragoza Monzón; Alfonso Limón Sánchez, El Limón; Rafael Guadalupe Félix Núñez, Changuito Ántrax; Jesús Peña González, El 20 y Francisco Javier Zazueta Rosales, El Pancho Chimal, abandonaron el penal por la puerta grande.

Pero un día antes, de despedida, organizaron dentro del penal una gran fiesta en donde hubo de todo: alcohol, drogas y mujeres.

De acuerdo a familiares de presos del penal, la fiesta se hizo entre los módulos 7 y 5, los cuales están ‘comandados’ por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El MayoZambada.

Desde un año antes se había solicitado al Gobierno federal el traslado de los fugados a cárceles de máxima seguridad. Sin embargo no habían podido ser trasladados a otro penal debido a que un juez les otorgó un amparo para evitarlo.

El propio gobierno de Sinaloa ha dicho que la cárcel de Culiacán carece de las medidas básicas de seguridad y que la infraestructura “es deplorable y, en consecuencia, se torna frágil e inoperante para cumplir sus funciones”.

Según un informe de la Cámara de Diputados, presentado hace unos meses, el 65 por ciento de las cárceles del país están controladas por los propios internos, por los delincuentes, a través del llamado autogobierno. Al amparo del mismo se dan motines, extorsiones, fugas, una corrupción sin límites.

Esta cifra es similar a otro informe, el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  en su  Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, que habla de las cárceles del país y muestra que, un gran número de ellas presenta condiciones de hacinamiento, autogobierno por parte de los internos a falta de suficientes custodios, la existencia de privilegios y malas condiciones de salud, higiene y deficientes alimentos para los presos, entre otras.

Y lo que más llama la atención de ese informe es que en 71 penales del país está documentado que se rigen por medio de autogobiernos. Es decir, que los presos más poderosos son los que manejan las cárceles, y éstos además tienen amenazada al resto de la población carcelaria.

Si el Estado no puede tener control sobre sus propias cárceles, es imposible que lo tenga en otros ámbitos. Hay que destacar que si quitamos los penales de máxima seguridad del Gobierno federal, el porcentaje de cárceles, controladas por delincuentes, es todavía mucho mayor.

Un dato. ¿Sabe usted cuánto gana un director de un penal estatal? Aproximadamente veinte mil pesos mensuales. Es imposible que con un sueldo tan bajo podamos tener controlados los penales. Si no los corrompen, los internos los amenazan y así los delincuentes se hacen del control de los reclusorios.

Piden asumir responsabilidad

Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que ante la situación que prevalece en los diferentes reclusorios, además de recursos, se requiere voluntad política para modificarla.

Durante la inauguración de la exposición temporal Migración y Derechos Humanos, señaló que los gobiernos estatales no han destinado recursos de sus propios presupuestos para mejorar las condiciones de internamiento de los reclusos.

“Se requiere cambiar la cultura en la política criminológica, y no se podrá tener una política de criminalización exitosa si se descuida la última parte del proceso, que son los centros penitenciarios, porque no se está cumpliendo con la reinserción social de aquellos que un día van a estar fuera”, señaló.

Ya el pasado 18 de octubre el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, señaló que el sistema penitenciario es un eslabón fundamental en la cadena de seguridad y justicia.

 

El comisionado dijo que la labor penitenciaria, que debe ser entendida como parte del proceso penal que inicia desde la prevención del delito y culmina en el momento de la ejecución de la pena y, debe haber corresponsabilidad.

“Corresponsabilidad significa que cada entidad federativa asuma responsabilidad sobre sus instalaciones penitenciarias, que comparta objetivos, esfuerzos y acciones coordinadas con la Federación”, expresó.