La Selva Maya, bajo amenaza criminal
La semana pasada, mientras en la Ciudad de México se celebraba México por el Clima, en Campeche se perdieron alrededor de 900 hectáreas de selva. Estamos hablando de una superficie mayor a la del Bosque de Chapultepec, que tiene unas 800. Desapareció en unos días, dentro de un área natural protegida.
En este espacio escribí hace una semana sobre ese encuentro, donde empresas, gobierno y organizaciones hablaron de cómo cuidar los ecosistemas. Al mismo tiempo, a mil kilómetros de ahí, grupos organizados entran a la Reserva de la Biosfera Balam Kú para talar árboles y prenderles fuego.
Tuve oportunidad de ver las tomas aéreas. Lo que antes era una cubierta verde sin interrupciones hoy tiene manchas enteras de tierra pelada en medio de la selva. En otras partes se ve el humo: están quemando para preparar el terreno.
Balam Kú no es un territorio sin dueño ni sin ley. Es una reserva de la biosfera federal, declarada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2023. Tiene 463 mil 441 hectáreas en los municipios de Calakmul, Candelaria y Escárcega.
Y forma parte de la Selva Maya, la extensión de selva tropical más grande de América Latina después del Amazonas. Ahí vive la mayor población de jaguares de México. Es uno de los pulmones que le quedan al continente.
Los datos que tengo son éstos. En dos años ha habido cinco invasiones dentro de la reserva. Suman alrededor de tres mil 500 hectáreas deforestadas e incendiadas, es decir, más de cuatro veces el Bosque de Chapultepec. Y lo que está en riesgo son 120 mil hectáreas, que corresponden a las ampliaciones forestales de dos ejidos, Bolonchén de Ticul y Hecelchakán.
La forma de operar siempre es la misma. Llegan, ocupan y desmontan. Con la madera hacen carbón o la venden. En el terreno pelado siembran pasto para meter ganado, o lo venden después como potrero. Los puntos invadidos tienen nombre: El Aguacate, El Teniente, Nuevo Canaán y Nuevo Sinaí.
Y es que para tumbar la selva a esa velocidad se necesita estructura. Se necesitan maquinaria, gente, dinero y quien compre la madera y el carbón. No estamos hablando de una familia que busca un pedazo de tierra para sembrar. Estamos hablando de grupos con recursos y, de acuerdo con la información que tengo, algunos armados, que encontraron en la selva un negocio. Son parte de estructuras criminales muy amplias.
En el caso de Balam Kú, lo que está documentado es que están invadiendo esas tierras para ganadería, madera y carbón; en otros lugares están talando para sembrar marihuana.
Tampoco es la primera vez que pasa. Hace unos 25 años ocurrió lo mismo en la ampliación forestal del ejido de Pomuch, también en Campeche. Se ocupó, se desmontó y esa selva no volvió. Y ése es el riesgo que se tiene ahora: una selva talada difícilmente volverá a ser una selva así.
El daño no se mide sólo en hectáreas. Las invasiones ya no están en las orillas de la reserva, están adentro, en las zonas núcleo. La están partiendo por la mitad. Lo que queda son islas de selva separadas por potreros, y los animales ya no pueden cruzar de un lado a otro.
Ahí viven el jaguar, el tapir y el pecarí de labios blancos. Los tres están en peligro de extinción y los tres necesitan grandes extensiones continuas para moverse, alimentarse y reproducirse. Cuando se corta el corredor, la población queda aislada.
Hay otro dato que deberían tener presente quienes toman las decisiones: reforestar cuesta unas 20 veces más que prevenir, según me explican quienes trabajan en la conservación de la zona. Y una selva madura tarda décadas en regresar, si es que regresa.
¿Por qué nadie lo detiene? Aquí está el centro del problema. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que administra la reserva, sí ha hecho su parte: presentó las denuncias desde hace dos años. Los ejidos afectados también denunciaron, porque a ellos les están quitando sus tierras.
Pero la comisión no tiene dientes. No puede desalojar a nadie. Para eso se necesita que un juez emita la orden y que las fuerzas de seguridad, estatales y federales, la ejecuten. Y eso no ha pasado.
El resultado es que los invasores se empoderan. Ven que nadie los saca y van por más. La invasión más reciente fue la semana pasada, y me informan que ya se está planeando otra.
Mientras tanto, a algunos de los encargados de cuidar las áreas protegidas los han amenazado. Son gente valiente, pero no pueden enfrentar solos a grupos armados. Cuando el Estado pierde el control de un territorio que él mismo declaró protegido, esto deja de ser un asunto ambiental, es un tema de seguridad nacional.
Hay una paradoja que no se puede dejar pasar. El 15 de agosto de 2025 se creó el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, para conservar 5.7 millones de hectáreas entre los tres países.
Balam Kú está dentro de ese corredor. Lo que ocurre ahí pone a prueba si ese compromiso es real o se queda en la fotografía.
Además, México está desaprovechando lo que tiene. Campeche es más grande que Costa Rica, un país que hizo de su naturaleza una de sus principales fuentes de ingreso; son miles de turistas los que recibe al año.
Costa Rica cuida sus selvas porque entendió que valen mucho. Aquí no existe el turismo de fauna, y la selva se está vendiendo.
México tiene las leyes y los mecanismos para proteger su patrimonio natural. De poco sirven si las autoridades encargadas de hacerlas cumplir no actúan. Es urgente que los jueces emitan las órdenes de desalojo y que las instituciones de seguridad y de procuración de justicia ejerzan las facultades que ya tienen, antes de que estas ocupaciones se consoliden.
También hay que hacer un llamado a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la conservación: que alcen la voz, que se pronuncien y que sumen esfuerzos para exigir la protección efectiva de la Selva Maya.
Todavía se está a tiempo. Si se saca a los invasores ahora, la selva puede recuperarse. Si se espera otros dos años, ya no habrá qué recuperar.
