El cerco sobre Rocha
Quien fuera secretario de Seguridad Pública de Rubén Rocha Moya y quien se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ya no aparece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones estadounidense.
Desde el pasado 11 de agosto cambió su estatus. Mérida permaneció apenas tres meses dentro del sistema penitenciario estadounidense, después de cruzar voluntariamente la frontera el 11 de mayo por Arizona y ponerse a disposición de las autoridades. Hoy, ya no está en el registro.
Mérida llegó primero a Arizona y de ahí fue trasladado a Nueva York. Está acusado por los presuntos vínculos del gobierno de Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, gobierno en el cual Mérida fungió como secretario de Seguridad Pública estatal.
Que Gerardo Mérida ya no aparezca bajo custodia del Buró Federal de Prisiones no significa necesariamente que esté libre, pero sí confirma que se ha convertido formalmente en testigo protegido y que tendrá mejores condiciones, ya sea carcelarias o en libertad bajo supervisión.
Hoy lo que hay en el caso Mérida es un cambio de custodia, un acuerdo de cooperación cuyas condiciones, por ahora, no son públicas.
Mérida tenía programada una audiencia para el pasado 4 de agosto. Esa audiencia se canceló y a los pocos días dejó de estar en el listado del sistema federal de prisiones.
Sin duda, la colaboración de Gerardo Mérida tuvo que ser muy valiosa para las autoridades estadounidenses para que se le dé este trato. Y es que estamos hablando de un personaje que tuvo un puesto clave en el gobierno de Rubén Rocha Moya.
Mérida fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.
Estados Unidos había pedido al Gobierno mexicano entregar al exgobernador Rubén Rocha Moya junto con varios funcionarios
de su gobierno. Desde aquí se protegió al exmandatario, pero dos personajes importantísimos, sobre todo para conocer cómo operaba el gobierno de Rubén Rocha Moya, se entregaron voluntariamente a Estados Unidos. Esto les ha dado una ventaja enorme, tan es así que hoy Mérida ya no aparece en el Buró de Prisiones.
Gerardo Mérida fue acusado en Estados Unidos de haber colaborado con Los Chapitos y de recibir sobornos mensuales de 100 mil dólares para proporcionar información sobre operativos de las autoridades, incluyendo acciones contra laboratorios clandestinos, lo que presuntamente permitía a integrantes de la organización retirar drogas, personas y equipo antes de las intervenciones, pero Mérida se declaró no culpable y esas acusaciones todavía deberán probarse ante un tribunal.
En Estados Unidos, los acuerdos de cooperación son fundamentales para desmantelar estructuras criminales. Un acusado puede negociar con los fiscales y proporcionar información útil y verificable con la expectativa de que su cooperación sea considerada posteriormente dentro de su proceso.
Si la información es valiosa, se comprueba y aporta para armar nuevos casos, los beneficios se dan.
Lo cierto es que si alguien podía conocer lo que ocurría dentro de las estructuras de seguridad de Sinaloa era precisamente quien estaba encargado de dirigirlas.
Pero Mérida no es el único hombre cercano a Rocha Moya que decidió ponerse en manos de Estados Unidos.
Enrique Díaz Vega, quien fuera secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, también fue reportado como entregado a las autoridades estadounidenses en Nueva York. Díaz ocupó el cargo desde noviembre de 2021 hasta septiembre de 2024.
Me imagino que pronto sabremos si a Díaz le han dado beneficios también.
Para Estados Unidos es muy importante conocer el entramado de los recursos del crimen organizado en campañas políticas, y es justo lo que quieren armar en el caso del gobierno de Sinaloa y la elección de Rubén Rocha Moya, un modelo que, una vez documentado, pueden replicar en otras elecciones que se hayan dado en México.
Mientras en México se ha respaldado a Rocha Moya y se han cuestionado las acusaciones provenientes de Washington, sus antiguos colaboradores han seguido una ruta completamente distinta, que ha sido entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses. La clave para que sus declaraciones sirvan en un proceso de beneficios es que puedan comprobar acusaciones con personajes jerárquicamente superiores. Y ésa es la información que están entregando estos dos personajes.
Por eso hay que ver qué ocurre con Enrique Díaz Vega. Su caso es particularmente interesante porque durante años tuvo acceso a las finanzas del gobierno de Sinaloa. Inicialmente se informó que Díaz se había entregado en Nueva York, aunque no se ha difundido esa información.
En círculos políticos se ha hablado de la cercanía de Díaz con personajes del entorno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo, Estados Unidos acaba de cancelar la visa de Andrés Manuel López Beltrán, Andy.
Hay otro episodio sobre el que también han circulado versiones, y es que se dice que quien financió la fiesta de la hija de la esposa de José Ramón López Beltrán en Culiacán fue, en parte, el propio Díaz.
Mientras Rocha Moya ha recibido respaldo político en México y Morena ha denunciado una ofensiva e incluso una injerencia estadounidense, del otro lado de la frontera los fiscales continúan armando sus expedientes con testimonios de sus colaboradores.
El cambio de estatus de Gerardo Mérida puede ser apenas la primera señal de una serie de investigaciones que hay en curso. Ahora, habrá que seguir muy de cerca qué ocurre con Enrique Díaz Vega.
