Justicia de todos los días
No es un secreto para nadie que la justicia cotidiana, la de todos los días, es la que más afecta a nuestra sociedad. Casi nueve de cada 10 controversias presentadas ante el Poder Judicial del país son en esta materia. Esta justicia sin duda es lenta, compleja y costosa.
Finalmente, el jueves pasado, el Presidente Peña firmó y envió al Congreso de la Unión un paquete de 12 iniciativas de reformas constitucionales y un decreto administrativo, que forman parte de las reformas en materia de justicia cotidiana encaminadas a la construcción de un país más justo y equitativo, a través de un sistema nacional de impartición de justicia.
El planteamiento se refiere principalmente a resolver las controversias de una manera mucho más expedita, llegando a consensos.
Estamos hablando de temas que van desde la materia civil y la familiar, la asistencia jurídica y, por supuesto, laboral hasta protocolos de activación en casos de bullying.
Las iniciativas son el resultado de los Diálogos por la Justicia Cotidiana a los que convocaron el Gobierno de la república, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en los cuales participaron más de 200 expertos de 26 instituciones, incluyendo a representantes de la sociedad civil, investigadores, académicos, abogados e integrantes de organismos autónomos y de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Mediante estas iniciativas el Ejecutivo pretende la adopción de plataformas tecnológicas comunes que faciliten el acceso a la justicia desde cualquier computadora o dispositivo móvil; la creación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para unificar en el país las reglas en esta materia, y la ampliación de la aplicación de la justicia oral en el ámbito mercantil.
Pero quizá el tema más importante en toda esta iniciativa está en el aspecto laboral. La propuesta es que ahora los conflictos se puedan resolver y sean parte de la estructura del Poder Judicial, a través de juzgados y tribunales laborales.
Se prevé cambiar toda la estructura de costumbre de integrar juntas con un representante del patrón, del trabajador y alguna autoridad para tratar de conciliar.
México ha enfrentado serias presiones para ver si continuamos en el Tratado de Libre Comercio. Los argumentos son que nuestra ley laboral es muy deficiente.
Si logramos que tanto los trabajadores como los empleadores puedan resolver sus conflictos laborales de una forma mucho más sensata y expedita incluso la migración laboral se podría diluir y muchas más empresas extranjeras podrían llegar a nuestro país para ofrecer mejores empleos.
De la iniciativa han hablado muchos de los principales actores. Los miembros de la Coparmex dicen estar a favor de una nueva cultura empresarial con justicia cotidiana para todos los mexicanos y que la justicia laboral sea responsabilidad de poderes judiciales independientes y la creación de más instancias de conciliación para dirimir los conflictos de manera amigable.
Los gobernadores también han hablado del tema: el actual presidente de la Conago, Gabino Cué, respaldó la propuesta para el establecimiento de un código nacional de procedimientos civiles y familiares sea una realidad y permita unificar, con el apoyo de los mandatarios locales, las reglas en la materia.
Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, además de titular de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), ha dicho que es necesario continuar con los trabajos tendientes a articular un nuevo y más eficaz federalismo y acompañar a todos los gobiernos estatales, a fin de marchar en el mismo sentido, con el mismo ritmo, porque, precisó: “no podemos tener funciones de justicia de primera clase en algunos estados y de segunda clase en otros”.
Ya de por sí enfrentarse a un conflicto legal es emocionalmente desgastante, además de lo complicado en materia jurídica que puede llegar a ser. A todos nos conviene tener un mejor sistema de justicia en México y tenemos que irlo perfeccionando. Un avance es esta nueva iniciativa que ya está en el Congreso, a ver si se logra aprobar.
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