Calladito te ves más bonito
Un periodista que denunció actos de corrupción de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien había presentado varios reportajes en los que involucraba a la mandataria en actos de corrupción en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF estatal, fue detenido.
La gobernadora no aclaró los señalamientos de corrupción, pero sí acuso al periodista jubilado Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna de Campeche, por incitación al odio y violencia en su contra.
En una entrevista a Layda sobre este tema, no aclaró los supuestos actos de corrupción, pero sí se refirió al periodista como Don piraña, y lo acusó de ataques misóginos.
Lo cierto es que el periodista fue detenido desde principios de abril, golpeado, por eso tuvieron que trasladarlo a un hospital.
Ahora, el pasado viernes 13 de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada tomó la decisión de procesarlo asegurando que el periodista incurrió en la incitación al odio y a la violencia en contra de la mandataria estatal.
Jorge Luis González está jubilado desde 2017 y, pese a ello, la jueza aceptó las acusaciones emitidas por la fiscalía estatal, que señaló al periodista de usar y ordenar al diario Tribuna para emitir mensajes ofensivos en contra de Layda Sansores.
Desde el pasado 9 de abril, al periodista se le prohibió emitir mensajes en contra de la gobernadora o el gobierno de Campeche. Hoy, tras el fallo de la jueza, Jorge Luis González se convirtió en el primer periodista censurado en Campeche en esta era de la 4T. Su proceso lo llevará en libertad y tendrá que acudir a los juzgados a firmar periódicamente.
El periodista ha sido vinculado a proceso, por su edad tiene acceso a prisión domiciliaria y además, lo inhabilitaron para ejercer la profesión de periodismo.
Y además, está siendo obligado a pagarle dos millones de pesos al director de Comunicación Social de Campeche. Así como lo lee: el Juzgado del Primer Distrito Judicial de Campeche ordenó a la Organización Editorial del Sureste S.A. de C.V., empresa propietaria del periódico Tribuna de Campeche y a su exdirector, Jorge Luis González Valdez, pagar dos millones de pesos por el delito de “daño moral” a favor de Walther David Patrón Bacab.
Es una locura, no pueden inhabilitar a un periodista si no es funcionario público. Esto es un acto de censura.
Legalmente no existe una ley en Campeche, ni a nivel federal que inhabilite a un periodista por emitir su opinión o por criticar las acciones de algún gobierno, ya sea municipal, estatal o federal.
La libertad de expresión está protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 6 y 7, los cuales garantizan: el derecho a la libre expresión de ideas, la libertad de prensa y la prohibición de cualquier tipo de censura previa.
Es más, la ley especifica que a un funcionario público se le puede cuestionar.
La sanción a este periodista es gravísima y marca un antes y un después en la libertad de expresión que se había logrado en México.
Lo mismo ocurre en Puebla, donde la ambigüedad de la Ley de Ciberseguridad, conocida como “Ley Censura”, deja la puerta abierta para sancionar a cualquiera que emita una opinión o comentario en las plataformas digitales, redes sociales o Internet que no haga sentir cómodos, sobre todo, a los gobernantes.
Esto es gravísimo porque atenta contra las libertades de expresión de cualquier poblano, y todo disfrazado en la lucha en contra del “ciberasedio” o “ciberacoso”.
Este delito será sancionado con penas que van de 11 meses hasta tres años de cárcel y se aplicarán multas de 50 a 350 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente de los cinco mil 657 a los 39 mil 599 pesos.
Lo cierto es que esta ley surge a raíz de varias publicaciones que han criticado el actuar del gobierno estatal. Por ejemplo, por el emplazamiento que hizo a grupos inmobiliarios de la entidad a donar terrenos con la advertencia que de no aceptar se procedería a expropiarles.
Para eso son tan importantes los medios de comunicación que tanto le molestan a los gobernantes, para que las injusticias se hagan visibles.
Esta ley comenzó a planearse en noviembre del año pasado, cuando José Luis García Parra, entonces diputado local en Puebla, propusiera la “Ley de Ciberseguridad”. Hoy García Parra es coordinador de gabinete en el gobierno poblano.
En el Congreso estatal quedó aprobada la propuesta con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Para este 14 de junio de 2025, la ley entró en vigor luego de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Las organizaciones Artículo 19 y Sociedad Civil México aseguran que esta ley podría ser utilizada para reprimir la libertad de expresión y que cualquier crítica al gobierno poblano sea usada para comenzar procesos en contra de quienes las emitan.
Entonces, en Puebla ya no puedes hacer críticas reiteradas a una figura pública porque serán consideradas como ofensivas. Tampoco se pueden enviar mensajes constantes porque se pueden interpretar como vejaciones. Tampoco se podrá usar memes, lenguaje chistoso o apodos porque se puede lesionar emocionalmente a una persona. Usurpar el nombre de alguien para emitir comentarios ofensivos tampoco está permitido. Y ni pensar en acceder a información privada o confidencial de otras personas.
Campeche, pero principalmente Puebla, se han convertido en una especie de laboratorio para dar paso una ley censura a nivel nacional, se trata de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que actualmente el debate permanece suspendido, pero que el Senado planea retomar en un periodo extraordinario, que inicia el próximo 23 de junio.
Por que también está a nada de aprobarse una ley censura a nivel federal. Y es que ahora en México se quiere aplicar la frase popular de las abuelitas cuando se decía algo que no querían escuchar: “Calladito te ves más bonito”.
