Justicia Inútil
Decíamos esta semana en el programa Todo Personal que es indignante que un preso se fugara por un túnel de una cárcel de máxima seguridad, pero que es todavía peor, y literalmente una agresión a la sociedad civil y a las fuerzas de seguridad, que arriesgan todos los días su vida para detener a delincuentes, y aun confesos, y con pruebas en su contra, dejen la cárcel por la puerta grande.
Y es que todas las semanas sabemos de casos en los cuales jueces absuelven a criminales porque dicen que “hubo fallas al debido proceso”.
La justicia actúa de forma extraña, son muchísimos los criminales que han sido puestos en libertad últimamente. Uno de estos casos es el de Crescencio Hernández, apodado El R, segundo al mando del Cártel del Golfo en Altamira, Tampico y Ciudad Madero. Cuando fue detenido llevaba consigo un arsenal de armas de uso exclusivo del Ejército. Está acusado de narcotráfico, secuestros, extorsiones y asesinatos. Un secretario de juzgados de Altamira, de forma repentina y sin dar aviso a las autoridades, lo dejó ir.
Otro caso que ha indignado a la sociedad es que los cuatro delincuentes que secuestraron y mataron a Damián González del Río fueron dejados en libertad por el juez Raymundo Martínez González, de Nuevo León.
Uno de los que realizaron el plagio había sido chofer de Damián González y cuando fue despedido le pidió al jefe de Los Zetas en la zona que lo ayudara a acabar con la vida del empresario. Lo secuestraron y aun cuando los familiares pagaron una porción del monto exigido lo asesinaron.
Se tienen todas las pruebas, y a finales de 2013 habían sido sentenciados con penas que iban de los 55 a los 90 años; sin embargo, los cuatro delincuentes apelaron la condena y una sala colegiada en materia penal ordenó reponer el proceso.
Nuevamente fueron sentenciados, en abril del año pasado, porque las pruebas demostraron de vuelta que eran culpables; esta vez recibieron una condena de 74 años de prisión.
Pero en la tercera ocasión que apelaron el juez dictaminó que se había “violado del derecho al debido proceso”, alegando que los policías que los detuvieron tardaron tres horas en presentarlos ante el Ministerio Público, y bajo este argumento hoy están en libertad.
Éstos no son ni remotamente los únicos casos de justicia inútil, tan sólo en estos últimos cinco años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha fallado a favor de alrededor de 70 personas por violaciones al debido proceso, como la presentación de pruebas ilícitas, testimonios falsos, la puesta con demora ante el Ministerio Público o el no brindar el derecho a tener un traductor.
Esto se hace porque la SCJN se apega estrictamente a las leyes que tenemos.
No es un problema exclusivo de garantismo, de convencionalidad y de derechos humanos. Lo que pasa con las leyes que tenemos es que el exacto cumplimiento del debido proceso por parte de la autoridad puede ser interpretado de manera muy amplia o de manera muy estricta.
Nuestras leyes son tan maleables como el abogado lo quiera. Y en el caso de personas contra las que existen pruebas contundentes de su responsabilidad en la participación de delitos graves deben ponderar la alternativa de reponer el procedimiento en lugar de ordenar su inmediata liberación, porque los implicados son personas que ponen en riesgo la seguridad pública, que es la seguridad de la sociedad, la de todos nosotros.
La nueva ley de justicia penal tiene tantos huecos de inconstitucionalidad que casi se convierte en una puerta abierta a la impunidad decretada por “violaciones al debido proceso”. Que no nos extrañe, porque con esta nueva ley miles de delincuentes pisarán las calles de nuevo.
Mas allá del desalojo de las cárceles, de propiciar la impunidad con la justificación de que “no se cumplió con el debido proceso”, hay que proteger a la sociedad de delincuentes.
La realidad es que sí hay peligro para la sociedad al dejar en libertad a personas que cometen delitos de alto impacto, se tiene que reponer el debido proceso.
Urge estudiar y replantear la reforma penal; si no, continuaremos con los tantos casos de justicia inútil que tenemos en México.
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