No canten victoria
Poco antes de las elecciones desarrolladas en Venezuela este fin de semana, varios reporteros y camarógrafos, entre ellos mexicanos, fueron detenidos unas horas en el aeropuerto de Caracas y les retiraron sus cámaras y micrófonos. La consigna era clara: no se podrían hacer reportajes sin que el gobierno de Maduro los aprobara.
En esas condiciones de represión se dieron los comicios para elegir 167 diputados. La oposición ganó 99 diputados. El oficialismo obtuvo 46, más 22 que no han sido adjudicados aún y que definirán el grado de poder con el que contarán los ganadores. De esos 22, tres corresponden a cuota indígena, comunidades que tienen una representación en la Asamblea. Los otros están pendientes de que se cierre el escrutinio definitivo en algunos lugares.
Todo esto se da en una Venezuela que está en una crisis nunca antes vivida. Un país que tenía de las mayores reservas de petróleo en el mundo, que se ha convertido en una de las economías con el peor desempeño. Con una inflación de tres dígitos y escasez de los productos básicos. Pero que además cuya tasa de delitos ha crecido de manera desproporcional. Una nación donde la gran mayoría de las personas que tienen recursos económicos ha huido .
Es cierto, en esta jornada del domingo triunfó la oposición. Pasada la medianoche el presidente Nicolás Maduro aceptó que el resultado fue adverso. “Ha triunfado la guerra económica” y “el capitalismo salvaje”, fueron algunas de sus expresiones frente a la derrota. El gobierno de Maduro nunca ha gobernado sin controlar todas las ramas del gobierno. Expertos analistas dicen no estar tan optimistas.
Y es que hace tan sólo unos días el mandatario venezolano aseguró que si perdía el Congreso, lo cual ya ocurrió, actuaría así: “Con la Constitución en la mano me declararía en rebeldía total con el pueblo movilizado en la calle. Yo no me voy a dejar jamás, nunca jamás”. El presidente sudamericano ha insistido en que no aceptaría que se quiten “los recursos de la educación, de las viviendas, de las misiones”.
“Yo me iría a las calles a luchar con el pueblo; no esperen de mí un cobarde, esperen un hijo de Chávez”.
Y es que efectivamente el partido en el poder tiene forma de maniobrar para seguir controlando el país. Primero habrá que ver si logra hacer alianzas con los diputados de oposición. Y luego los expertos dicen que podría utilizar otras tácticas:
1. Los círculos diplomáticos y dirigentes de la oposición están convencidos de que Maduro aprovechará las cuatro semanas que restan hasta que entre en cargo el nuevo Parlamento (5 de enero) para aprobar una nueva ley habilitante, que le otorgue plenos poderes para legislar por decreto en diversas materias y sin estar sujeto al control del Parlamento, es decir, por encima de los nuevos diputados. Recordemos que la actual Asamblea está prácticamente gobernada por el Ejecutivo. Maduro tiene la posibilidad de pedir una prórroga para la actual ley habilitante, que vence el 31 de diciembre, o incluso una nueva por hasta tres años.
La ley habilitante es una herramienta jurídica de rango constitucional que faculta al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo con las necesidades y/o emergencia del país.
Es una ley sancionada por la Asamblea Nacional, en las condiciones establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, por lo que debe cumplir con los procesos formales inherentes a la elaboración de una ley, según reza el artículo 203 de la Carta Magna.
Durante los primeros trece (13) años del gobierno revolucionario la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela otorgó poderes especiales al presidente, Hugo Chávez, en cuatro ocasiones y Maduro no ha sido la excepción: en los 32 meses que lleva al frente del país ha sumado dos habilitantes y usado los plenos poderes durante 18 de ellos.
2. Blindar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para convertirlo en su arma más poderosa contra la nueva Asamblea, capaz de declarar inconstitucionales las iniciativas de la Mesa de la Unidad Democrática.
Trece magistrados del máximo tribunal, cuyo periodo vence en 2016, fueron jubilados de forma anticipada en octubre de este año, ya que de esa forma podían ser sustituidos sin el apoyo de la oposición en el Parlamento. Esto también ocurrió con otros 14 magistrados a finales de diciembre de 2014.
El Tribunal Supremo de Justicia está formado por 33 magistrados principales. Sumando los 14 magistrados que designó sin apoyo de la oposición a finales de 2014 (por considerar que eran afines al oficialismo) a los 13 jubilados en octubre, el gobierno de Nicolás Maduro se garantizará en menos de un año el control de 27 magistrados, lo que representa 81% de los que tiene el TSJ.
Muchas de estas leyes las ha hecho Maduro a modo. Ha encarcelado a la oposición. Pero también es cierto que ha perdido aliados importantes en América Latina. La situación en Venezuela no será fácil, pero ojalá ahora sí impere la democracia por el bien de un país que tiene posibilidades de estar en una mucho mejor posición. Pero mientras siga secuestrada por un gobierno corrupto como el de Maduro, superar la crisis será prácticamente imposible.
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