Autodefensas reprueban ante CNDH
Casi siempre que escuchamos los reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es para evidenciar los atropellos de las distintas autoridades. Hoy llama la atención el trabajo presentado hace unos días por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez: “Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto”.
Con la aparición de La Familia Michoacana y después Los Caballeros Templarios el estado de Michoacán se vio envuelto en una crisis de seguridad brutal en 2009. En un principio los grupos criminales comenzaron a reñir por el control del territorio para la fabricación y el trasiego de la droga. Poco después al negocio ilícito de la droga se sumaron el secuestro y la extorsión a los ciudadanos comunes. La gran mayoría de los delitos se cometía bajo el cobijo de las autoridades estatales y, por supuesto, las policías municipales y estatales en su mayoría estaban infiltradas por el crimen organizado.
Por este hartazgo surgen algunos grupos de autodefensas que realmente quisieron apoyar y brindar protección a la sociedad, pero dentro de éstos también hay criminales que lo hacen para pelear su territorio y negocios ilícitos.
Se produjeron peleas durísimas entre ellos. Son muchas las historias. A pocos días de concluir el 2014, en una refriega entre Luis Antonio Torres El Americano e Hipólito Mora en la comunidad La Ruana, corazón de las autodefensas, perecieron 11 personas.
Hipólito Mora, quien perdió a su hijo durante el enfrentamiento, declaró que Luis Antonio Torres El Americano lo había atacado. Pero igualmente se dio a conocer que durante ese choque la gente de Mora también había disparado y ejecutado a varios adversarios.
Las autodefensas son constituidas fuera de la ley, pero cuando se montó el operativo Michoacán, que encabezó Alfredo Castillo, se empieza a poner orden. Se aplican las pruebas de control de confianza y de radiosonato de sodio para certificar las armas.
El nuevo “Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto” es dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al gobierno del estado, al Congreso de la entidad y a los ayuntamientos de Michoacán, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En el informe especial se advirtieron violaciones a los derechos humanos de la población del estado, a la seguridad y la paz pública, a la vida, a la libertad, al trato digno, a la seguridad e integridad personales, a la libertad sexual, a la propiedad y al acceso a la justicia, así como a derechos sociales como la educación.
La CNDH percibió que en un principio el objetivo de los grupos de autodefensa era proteger a la gente y su aparición evidenció el abandono a la población y la desesperación de la sociedad; sin embargo, con el paso del tiempo algunos grupos permitieron el ingreso de miembros de la delincuencia organizada, que aprovecharon la causa de la autodefensa para fines ilícitos.
Se explica que el Estado y sus instituciones no pueden ser omisos o indiferentes ante la presencia de grupos de autodefensa. El deber de proporcionar seguridad a las personas, garantizar la convivencia social pacífica, hacer efectivo el acceso a la justicia y preservar en el marco del derecho el ejercicio legítimo de la fuerza corresponde única y exclusivamente al Estado, aseguró. “Sólo a través de sus instituciones –explicó— los derechos fundamentales de las personas pueden ser vigentes; renunciar a ello pone en grave riesgo nuestra vida democrática, así como el respeto a la dignidad de las personas, que es sustento de nuestro orden jurídico y debe ser parámetro de actuación para todas las autoridades”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló 55 propuestas dirigidas a las autoridades federales y locales, de las cuales 16 están relacionadas con la procuración de justicia, 16 con la seguridad pública, 4 con educación y 11 con programas sociales y culturales, además de 8 con atención a víctimas y reparación del daño.
Sabemos que Michoacán ha vivido el abandono de sus autoridades locales. La seguridad en el estado ha mejorado sin duda, pero también nuevamente se ha empezado a debilitar. Es una labor enorme que se debe hacer, pero ésa le corresponde a las autoridades locales y federales, no a las autodefensas, que, como hoy vemos, en muchos casos han violado los derechos humanos de los ciudadanos.
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