Más casos de tortura en Juárez
Fernando y su hijo Ricardo fueron acusados de extorsión en Ciudad Juárez. La madrugada del 4 de enero del 2013, cinco policías ministeriales entraron a casa de este último, quien vivía con su esposa y una bebé. Su hermano, de 12 años, estaba de visita.
Los agentes rompieron las chapas de la puerta y lo sacaron a golpes. A las mujeres las metieron a un baño amenazándolas con un cuerno de chivo.
Afuera de la casa Ricardo fue hincado y le dieron varios cachazos en la cara y la cabeza. Luego fue forzado a llevar a los ministeriales a casa de su padre. Ahí los policías también rompieron los cerrojos de la puerta, sin una orden de cateo, y encontraron a Fernando, a quien también golpearon de una forma brutal, enfrente de su otro hijo, el de 12 años.
Cuando su esposa, Angélica, pidió que no lo agredieran a ella le dieron una bofetada.
Se llevaron a ambos a la fiscalía sin orden de aprehensión y padre e hijo quedaron incomunicados 64 horas. En este tiempo fueron llevados a un sótano, donde les bajaron los pantalones y les pusieron en los testículos una chicharra para darles descargas eléctricas.
A Fernando le introdujeron un palo en el recto y la nariz le quedó deformada por traumatismos y fracturas de huesos. A su hijo lo golpearon, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y lo sumergieron en agua.
Los policías ministeriales les advirtieron que, mientras no se declararan culpables, la tortura continuaría.
Nunca se permitió que los detenidos fueran revisados por un médico externo, es decir, por alguien que no fuera una doctora relacionada con la propia tortura.
Poco después la misma policía investigadora retuvo al otro hijo de Fernando, el de 12 años, presente el día de la detención. Lo subieron a una patrulla para que diera información. Pocos días después de estos hechos el pequeño incluso trató de quitarse la vida.
Angélica Carrillo, madre de uno de los torturados y esposa del otro, acudió a presentar una queja a la oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua, ante el entonces visitador, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien nunca visitó a los detenidos ni emitió recomendación alguna, como tampoco lo hizo con otros casos en los que había involucrados policías ministeriales.
Muchas autoridades tienen conocimiento de este caso, entre ellos José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Chihuahua.
Por esto De la Rosa Hickerson renunció al caso, que ha sido enviado a diversas instancias.
Hoy está en manos de un visitador adjunto, Carlos Omar Rivera Téllez, quien finalmente ha emitido una recomendación.
La extraña respuesta de la autoridad ministerial es que no acepta haber practicado tortura, pero dice que sí puede reparar el daño. Sin embargo, Angélica no quiere esa reparación, sino justicia ante los actos de tortura. Aquí no hablamos de la culpabilidad o inocencia de los detenidos. Ambos siguen en el reclusorio y no se les ha dictado sentencia.
Lo que no puede suceder en México es que la policía investigadora pueda recurrir a estas prácticas para obtener información. Y menos aún que los torturadores sean protegidos por las autoridades.
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