La delgada línea del conflicto de interés
El día de ayer el presidente de la República, Enrique Peña Neto, designó a Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública y fue enfático al indicar que el nuevo secretario analizará, entre otras cosas, si en la compra de la casa de su esposa en las Lomas, la de su propiedad en Ixtapan de la Sal y la de descanso del secretario de Hacienda hubo conflicto de intereses.
Se creará también una comisión especial para avalar la opinión que emita el Secretario de la Función Pública en este tema.
Desde el principio de la administración del presidente Peña se habló de que se crearía un sistema nacional anticorrupción. Esto tendría que haberse aprobado en el Congreso.
No ha sucedido por diferencias entre los partidos y por eso se retoma la Secretaría de la Función Pública, que estaba en operación pero con un encargado de despacho. Regresa ahora con responsabilidades ampliadas y atribuciones que no son contradictorias con el sistema anticorrupción planteado por el PAN y aceptado, aunque con diferencias, por el PRI. La pregunta ahora es: ¿cómo se tipifica el conflicto de interés?
El artículo 110 de la Constitución señala quiénes son sujetos de juicio político y en el 111 se determina cómo se puede proceder penalmente contra funcionarios públicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Como se advierte, en este título IV se establecen responsabilidades de los servidores públicos en general, de carácter político y penal. Por tanto, la ley de responsabilidades correspondiente fija el procedimiento y las sanciones aplicables a funcionarios públicos que presenten conflictos de interés y no declaren que los tienen y actúen parcialmente favoreciendo sus intereses personales de carácter económico, político, afectivo o familiar.
Hay casos en los que es claro que no existe conflicto de intereses, como en el tema de la casa de Ixtapan de la Sal, propiedad del presidente Peña. Así lo explicó Jorge Fernández Menéndez en el programa Todo Personal:
“Vamos a los hechos: la casa fue comprada en 2005, antes de que Peña Nieto fuera siquiera candidato a gobernador. Fue comprada en poco más de 300 mil dólares, que era el valor de mercado de esa propiedad. La empresa inmobiliaria que la vendió era propiedad entonces de Roberto San Román, ya fallecido, que era el mayor desarrollador de todo Ixtapan; no son ningunos desconocidos y era público que existía una relación de amistad entre las familias (como con casi todas las familias relativamente pudientes que se asientan en esa ciudad de descanso). La casa fue pagada puntualmente y desde entonces (2005, hace 10 años) figura en la declaración patrimonial de Peña Nieto.
“Cuando murió don Roberto San Román, la empresa se dividió: uno de los hermanos, también de nombre Roberto, se quedó con los desarrollos turísticos, incluido el club donde está la casa. Ése es el que es compadre de Peña. El otro, Ricardo, fue el que desarrolló la constructora, que hasta entonces se había enfocado casi exclusivamente en los desarrollos inmobiliarios. ¿Por qué cambiaron hacia la construcción de infraestructura? Precisamente porque la empresa se dividió y la parte encabezada por Ricardo puso distancia con el trabajo de Roberto”.
Hay otra situación: la de la senadora Arely Gómez González, quien se excusó de llevar el caso Oceanografía por estar involucrado su sobrino. Ella renunció a la presidencia de la Comisión Especial que investiga a esa empresa en el Senado de la República.
En una carta enviada al entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado la legisladora informó que se percató de que Martín Díaz Álvarez, quien había sido señalado de tener participación en el caso, es familiar suyo por afinidad en cuarto grado.
Otro caso en el que sí se acusó un conflicto de intereses fue el del entonces director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrés, quien benefició a la empresa constructora de la que su hermano Luis Horcasitas es vicepresidente ejecutivo, con un contrato de más de 17 mil millones de pesos para la construcción de la línea 12 del Metro, que en los primeros seis meses de operación presentó más de once mil fallas.
Hay también asuntos en los que no se puede determinar con exactitud si lo hay, por ejemplo el de la llamada casa blanca de la señora Angélica Rivera.
Virgilio Andrade tiene una gran responsabilidad enfrente, y en temas tan delicados se deben dar respuestas verídicas, concretas y claras.
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