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El ataque al cuartel militar

Habían pasado sólo 4 días del devastador sismo del pasado 19 de septiembre, que dejó cerca de 370 muertos en el país. La emergencia estaba en pleno apogeo, sociedad civil junto con soldados, marinos, Policía Federal y estatal intentaban  rescatar todavía a gente que se encontraba en los escombros. Se instalaban albergues para recibir a todos aquellos que han perdido todo.

 

En medio de la desgracia y, lo hemos visto en muchísimos casos recientemente, hay quienes apuestan a la violencia y a desprestigiar el gran esfuerzo que se ha hecho para mantener a México en pie.

Esta historia pasó casi desapercibida, mientras la atención y ayuda estaba enfocada en los afectados por el terremoto; jóvenes que dijeron ser estudiantes atacaron una base militar de Iguala, cuando casi no había soldados porque la mayoría estaba trabajando en tareas de rescate del plan DN-III.

Llegaron hasta el cuartel del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, al que lanzaron bombas molotov dejando a un militar herido y daños a un cajero automático de Banjercito.

Los estudiantes también arrojaron piedras, además de dos petardos explosivos. Asimismo, quemaron camiones.

Aunque  las crónicas reseñan que los que realizan estas protestas son los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. En la gran mayoría de los casos no son ellos los que hacen estas manifestaciones sino los líderes o representantes, quienes sacan mucha ventaja de estos hechos.

Los ataques y robos son una constante y la agresión al cuartel es un eslabón más de una larga cadena de acontecimientos, en los que los normalistas y sus acompañantes parecen convencidos de ser intocables por la autoridad. De otro forma no se explicaría la cantidad de capítulos ilegales en los que han tomado parte.

Recordemos lo sucedido el pasado 14 de septiembre de 2017. Con palos, piedras, varillas, tubos y bombas molotov, unos 200 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa agredieron a 120 elementos de la policía estatal, quienes trataban de impedir el robo de dos autobuses de pasajeros, tres vehículos repartidores de pan, uno de refrescos y otro más de abarrotes, así como un camión cisterna cargado con 30 mil litros de gasolina.

Los hechos ocurrieron sobre el nuevo libramiento a Tixtla, en el que se registraron dos enfrentamientos en los que no hubo heridos;  sin embargo, los estudiantes retuvieron a cuatro policías de ese municipio, a quienes intercambiaron  por 10 de sus compañeros detenidos bajo la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado (CEDH), y fueron puestos en libertad sin ningún cargo.

Y éste no es ni remotamente el único caso.

De fondo, el tema central de lo sucedido en Iguala fue la combinación del narco con la corrupción de las autoridades locales y policiales, sumado al enfrentamiento entre el cártel de Guerreros Unidos con el de Los Rojos, los primeros fuertemente enraizados con las autoridades de Iguala y Cocula, entre otros municipios de la región, y los segundos en Morelos, en la zona de Chilpancingo y en la propia normal de Ayotzinapa.

Hace tiempo  en esta columna les contaba de la plática telefónica entre el representante legal de los familiares de los jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, con el padre de uno de ellos, Mario César González.

González le decía a Rosales que estaba recibiendo amenazas de parte de Los Guerreros Unidos, para que apareciera el dinero que enviaron y que se repartan 200 mil pesos a los padres de familia.

Sobre este tema, en su momento Carlos Loret de Mola entrevistó a Vidulfo, y en esa entrevista aceptó que el grupo criminal de Los Guerreros Unidos asesinó a los jóvenes:

“Bueno, nosotros lo que más queremos es que se castigue a Guerreros Unidos; como ya estoy diciendo, nuestra preocupación es que Guerreros Unidos sigue estando intacto, desde nuestro punto de vista en Iguala no ha sufrido un desmantelamiento, nosotros no tenemos que proteger a criminales y menos a la gente que junto con la policía desapareció a nuestros compañeros y los asesinó, eso a nosotros nos queda claro.”

Despúes de esta declaración, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia manifestó: “Nos fortalece principalmente el hecho, de que no fueron asesinados, ni quemados en el basurero de Cocula, sabemos que están vivos y que los tenemos que encontrar”.

La desaparición de los jóvenes de tan el sólo primer año de universidad, que fueron literalmente enviados al matadero al ser confundidos con miembros de Los Rojos y asesinados por los Guerreros Unidos es espeluznante. Ningún padre de familia tendría que pasar por un dolor así.

Pero lo que están haciendo los representantes para ejercer presión política es todavía más grave. No pueden continuar engañando de esa forma. Ni mucho menos tomar ventaja de las situaciones  de desgracia que nos han tocado vivir, para atacar un cuartel militar, mientras los soldados están en las calles trabajando en apoyar a los damnificados.

Fue por “rabia”

La vandalización de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería provocó que la Fiscalía General del Estado iniciara una carpeta de investigación por los daños causados y las lesiones a un soldado.
Roberto Álvarez Heredia, portavoz del Grupo de Coordinación Guerrero, señaló que de acuerdo con las primeras investigaciones, el Ministerio Público dio fe que jóvenes estudiantes lanzaron dos petardos y tres bombas molotov y arrojaron piedras con resorteras al interior de las instalaciones militares.
Al atribuir la acción a la tercera conmemoración de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Álvarez aceptó en entrevista para 24 Horas que no hubo detenidos, ya que dijo hay una actitud prudente hacia la normal, pero aseguró van a deslindar responsabilidades.
Al respecto, el vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz, señaló que la agresión se trató de un mitin.
“Lo que pasó en el 27 Batallón de Iguala fue un mitin; una muestra de la rabia y el dolor”. 
En medio del luto por las víctimas del sismo del 19 de septiembre, los familiares de los normalistas efectuaron el 26 de septiembre una marcha silenciosa, para mantener su exigencia de que siga la investigación al 27 batallón del ejército y su participación en el caso.

 

El Gobierno de la República reafirmó su compromiso con la investigación y búsqueda al señalar que así lo confirman los más de 500 tomos del expediente y los más de 120 personas bajo proceso judicial, 71 de ellas acusadas del plagio masivo.
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